Candelaria

La presidenta de Addanca “esconde” a sus perros para no ser desalojados

Cuatro policías locales acudieron esta mañana a la propiedad de Teresa González con una orden de desalojo que no pudieron cumplir al no encontrar a los animales

La presidenta de Addanca “esconde” a sus perros para no ser desalojados. | FOTO: Sergio Méndez

Cuatro policías locales de Candelaria acudieron, pasadas las nueve de la mañana de este lunes, al domicilio de Teresa González, presidenta de Addanca (Asociación de Defensa de los Animales de Candelaria), sita en la calle La Punta, para hacer efectiva una orden de desalojo de una decena de perros. Sin embargo, estos no llegaron a ser encontrados ni en el interior del chalet ni en lo que fue el albergue de animales situado en la parte trasera, justo en una finca de cinco mil metros cuadrados que tiene, desde el PGO de 2007, protección de ladera, uno de los fundamentos en que se basó el expediente de desalojo dictado por el Ayuntamiento de Candelaria tras la sentencia judicial del 7 de junio de 2017, en la que el TSJC le impone además una multa de 3.000 euros, que aún no ha pagado “por un expediente irregular”, comentó González.

Los policías buscaron por todos los rincones de la finca, del antiguo refugio, del jardín y del interior de la casa, en presencia de la propietaria y de una docena de vecinos y animalistas que se solidarizaban con Teresa González. Los policías solo encontraron un pequeño perro en el interior, que según la presidenta de Addanca pertenece a su hija que reside en Alemania. Los policías, tras levantar acta y pasar el detector de microchip, desistieron de llevarse a can y regresaron sin hacer efectivo el desalojo, mientras Teresa González, serena, pero inquieta, comentaba después: “Los perros están a resguardo de la maldad de las personas y del Ayuntamiento de Candelaria”. Un policía, poco después del servicio, afirmaba que “ha sido un nuevo paripé de esta señora, dentro de unos días volverá a tener a los animales en su casa y así seguiremos”, manifestó.

Teresa González recordó que vive en esa casa desde hace más de veinte años, antes de que el PGO declarara de protección de laderas su finca, anunciando que “nunca los ladridos de mis perros han molestado a los vecinos, y ahí tengo sus firmas para demostrarlo”, excepto la denuncia de “una señora de Tacoronte”, que colinda con la finca y con el paso de servidumbre de entrada a dos viviendas, que tiene “el chalet desde hace cuatro años cuando lo consiguió a través de un desahucio y lo ha puesto en régimen de vivienda vacacional; yo sí me podría quejar de las fiestas y el ruido que hacen los inquilinos”, comentó González, quien además adelantó que espera que pronto actúe la Justicia para “que le tiren el muro ilegal que tiene en la servidumbre; espero que Fernando Alduán y María Concepción Brito (concejal de Urbanismo y alcaldesa, respectivamente) se den tanta prisa en tirar el muro como el prohibir los perros en mi casa”, recordando además que todo lo sucedido se debe “a las mentiras recogidas en la denuncia y los informes inciertos de un policía”.

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La presidenta de Addanca "esconde" a sus perros para no ser desalojados. | FOTO: Sergio Méndez

El expediente

El expediente sancionador se inició en 2015 tras una denuncia vecinal que llevó consigo diligencias de la Policía Local, que acredita las molestias de los perros, e informe técnico de la Concejalía de Urbanismo en el que se hace constar que “el uso de equipamiento (perrera) no se encuentra dentro de los permitidos y compatibles del Suelo Rústico de Protección Natural de Laderas. Se considera, por tanto, un uso prohibido, por lo que se impuso una sanción de 3.000 euros y la obligación de cesar la actividad. La denunciada, presidenta de la protectora de animales Addanca ha sido presentando sucesivos recursos a los diferentes decretos de Alcaldía , así como a distintas resoluciones judiciales , que culminaron con el fallo de desestimar el recurso de apelación y la imposición de costas a la demandada, por lo que el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de cumplir lo recogido en en la sentencia del 7 de junio de 2017.

El procedimiento tenía que culminar hoy con la materialización forzosa de la sentencia, ya que la demandada no cumplió voluntariamente con la exigencia del cese de la actividad. El Ayuntamiento comunicó que una vez producido el desalojo, que como tal no se produjo hoy, se dará la debida atención y cuidado de los animales con las empresas que el Consistorio tiene contratadas para el transporte y albergue de animal.

Viene de largo

El contencioso entre el Ayuntamiento de Candelaria y Addanca, sin embargo, viene de largo. En el agosto de 2011 el Ayuntamiento de Candelaria procedió a cerrar el albergue que la protectora tenía en suelo municipal en la zona de Icerse porque no cumplía con las medidas de seguridad, después de disminuir las ayudas económicas municipales que se le concedían a Addanca.  El entonces concejal de Sanidad, Javier Rivero, señaló entonces que “la intención del Consistorio es poder acceder al recinto para que la trabajadora que ha sido designada por el Servicio Canario de Empleo pueda desempeñar las tareas de limpieza para las que se la contrató”, pero Teresa González decidió entonces desmontar todo el albergue y llevarse los animales, unos cuarenta perros y un centenar de gatos,  a su propiedad en La Punta, cerca de Araya, curiosamente la misma calle donde vive el exconcejal Rivero.

Tras la primera denuncia de la vecina de Tacoronte en 2015, poco después que pusiera su chalet en régimen de vivienda vacacional, Addanca trasladó los animales a Güímar, donde construyó un santuario para perros y gatos de avanzada edad, gracias al dinero obtenido por la venta de dos casas en Punta Prieta, que dejó en herencia Josefina Rivero, tal y como recogió su testamento,  escrito tras la muerte de su perro Willy (2005). Allí se encuentra hoy una colonia de unos doscientos gatos y medio centenar de perros, excepto los ocho -en dos semanas se le han muerto tres- con los que Teresa González se quedó en su vivienda  y que ayer escondió en algún lugar para que no fueran trasladados por la policía al albergue Acción del Sol. La historia continúa.