“Manuel Martínez rectifica o le caerá una querella”. Así de rotundo se mostró Octavio Fernández, secretario municipal de Candelaria, en referencia a las declaraciones del consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, el pasado 30 de noviembre. Ese día, en presencia de alcaldes y concejales de los tres municipios del Valle de Güímar, señaló que “la solución a los problemas de depuración y saneamiento del Valle de Güímar no pasa por los políticos, sino por un problema jurídico”.
Fernández confirmó que se exigió al consejero “una rectificación pública” hace unas semanas tras enviarle por burofax un documento firmado ante notario por él y las secretarias de Güímar y Arafo, Marisa Santos y Ruth Arteaga, al señalar que “es rotundamente falso que los secretarios dilatemos la solución a los vertidos al mar”. “Hay voluntad política para solucionar el problema, pero no jurídica”, señaló entonces Martínez: “Aquellos que estamos aquí no podemos levantar reparos de los técnicos, porque podemos ir a la cárcel”, añadió.
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