santa cruz

Urbanismo confía en una solución técnica para salvar el centro Amavir

Desde la gestora no se muestran tan optimistas y recuerdan que la sentencia establece que la altura de la residencia de ancianos debería rebajarse de 6 a 3 plantas, entre otras cuestiones
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Vista general de la residencia de mayores Amavir, en Ifara. / SERGIO MÉNDEZ

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz se reunió ayer con los actuales y los anteriores gestores de la residencia de mayores Amavir Santa Cruz, en Ifara, y con un técnico del IASS del Cabildo, para avanzar en las opciones que permitan garantizar la apertura de este centro y del servicio que presta, tras la decisión de la Justicia de declarar nulas las licencias municipales por las que la instalación viene funcionando desde el año 2009.

“Hemos dado a conocer a los actuales gestores el proyecto de posible legalización de algunas instalaciones, que había presentado la anterior empresa. Me consta que, durante un año, ha habido trabajos entre los anteriores gestores y los técnicos de Urbanismo para presentar un proyecto, que se presentó la semana pasada, y espero tener, en dos semanas, un primer informe técnico que nos va a dar luz sobre si es posible la legalización o no de determinadas infraestructuras del edificio. Con eso, hay una posibilidad de que, afrontando obras y obteniendo una licencia, no tener que cesar por completo la actividad”, explicó al respecto el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife.

Así, el edil se mostró confiado en que se logre alcanzar una solución a esta situación. “Yo el mensaje que nos hemos llevado hoy [ayer] de aquí es positivo. Todos hemos salido de la mano con una posible solución técnica que vamos a explorar para intentar evitar el cierre, que es lo que nos une a todos”, sostuvo Tarife.

En cuanto al plazo para ese cierre, que se ha hablado de dos meses, el concejal explicó que “hemos recibido el auto del Tribunal Supremo, pero no he recibido ninguna comunicación del juzgado en el que inició este proceso (el Tribunal Superior de Justicia de Canarias), que es el que tiene que requerir a Urbanismo que asuma la sentencia, y, por lo tanto, se abrirá un expediente de restablecimiento de la legalidad, y ahí calculo que nos pondrán un plazo, que no sé si será el mismo de dos meses o no”. Cuando Urbanismo reciba este requerimiento, “contestaremos que vamos a abrir un expediente en el departamento de disciplina urbanística para, precisamente, restablecer la legalidad, y que hay un proyecto presentado a este respeto. Y si hay que solicitar alguna ampliación de plazo, lo solicitaremos”, apuntó.

El objetivo final es lograr que no se cierre el centro, cumpliendo estrictamente con lo que dice la sentencia. Pero, en caso de que esta posibilidad técnica no termine siendo viable para salvar la residencia, “tenemos que tener una alternativa B”, en la que las tres administraciones canarias van a trabajar para “ver dónde realojar a los pacientes, lo que no vamos a permitir es que nadie se quede sin plaza”, indicó Tarife. Aún así, el concejal enfatizó que “la ventana que se ha abierto hoy [ayer] es positiva” y quiso transmitir un “mensaje de tranquilidad” a las familias.

Sentencia

Sin embargo, menos positiva se ha mostrado la actual empresa que gestiona el centro. En un comunicado, la gestora apuntó que la sentencia establece que la residencia debería tener menos de la mitad de la edificabilidad actual (de 6.000 a 3.000 metros cuadrados, aproximadamente), que la altura de plantas debería rebajarse de 6 a 3, y que el retranqueo debería pasar de 3 a 7 metros, sin olvidar que el uso de la parcela no es el de residencia geriátrica, entre otras cuestiones.

Además, añadieron que la propia sentencia del TSJC dice textualmente que procede a la nulidad de la licencia “porque autoriza obras contrarias al planeamiento y, por tanto, ilegalizables”. Con todos estos datos, los expertos jurídicos y técnicos que han asesorado a la compañía no han encontrado una solución que respete lo establecido en la sentencia, según indicó la propia gestora.

Por todo ello, “nos encantaría ser tan optimistas como el Ayuntamiento sobre la posibilidad de cumplimiento de esta sentencia, pero debemos respetar la ley y proteger a nuestros trabajadores y residentes. Y eso pasa por tener licencia”, apuntaron.

En cuanto a la propuesta planteada en la reunión de ayer con el Ayuntamiento y el IASS, la empresa ha pedido al Consistorio que si tiene tan claro que su propuesta es posible en el más estricto cumplimiento de la legalidad, le entregue por escrito una resolución oficial, avalada por el servicio jurídico, que diga que la residencia, a pesar de la sentencia, no debe cerrarse.

En este contexto, la gestora indicó que sigue trabajando en la reubicación de sus usuarios, tanto privados como concertados, para que ésta pueda hacerse en las mejores condiciones. “Esta es la línea en la que están trabajando también tanto el IASS como el Servicio Canario de Salud, quienes están ya adoptando las medidas necesarias en esta dirección”, apuntaron.

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