“No hay solución. Amavir no está dispuesta a acometer ninguna posible solución aunque fuera posible y ya nos ha comunicado que el 28 de marzo se cerrará definitivamente la residencia”. Así explicaba ayer, José Ángel Mena, presidente del Comité de Empresa de la residencia de mayores El Drago, ubicada en Ifara, y a la que una sentencia del Supremo obliga a demoler parte de su volumetría por carecer de licencia para ello.
“En estos momentos quedan 41 residentes de los 176 iniciales , usuarios que se supone que el 28 ya estarán todos fuera al igual que los 110 trabajadores que forman parte de la plantilla más los diez de la cocina que son externos”, explicaba Mena. Los trabajadores inician este lunes movilizaciones frente a la residencia en protesta por los despidos y la falta de transparencia. “Llevamos un año con este problema y la empresa, en vez de decirnos que no tenía intención de acometer ninguna medida correctora, se ha dedicado, hasta hace dos meses, a seguir cogiendo usuarios y contratando. Es lamentable”, señaló Mena.
Ayer, en la Comisión de Control, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, informó de que aún no tiene el informe técnico sobre si es posible o no restaurar la legalidad en la residencia. También reveló que, a pesar de que son los antiguos propietarios los que han promovido un proyecto de legalización, los actuales, Amavir, no han querido volver a reunirse con Urbanismo desde enero de 2018, cuando se conoció la primera sentencia del TSJC, en la que se obliga a la demolición de al menos tres plantas. Los grupos de la oposición plantearon que es posible que exista un acuerdo entre antiguos y nuevos propietarios para que, en caso de que no se pueda salvar la situación, Amavit reciba una indemnización, de lo que se puede extraer el aparente desinterés por solventar la solución.
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