El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer la Ley de Cámaras de Comercio, un texto que suscita dudas en algunos grupos por la falta de garantía respecto a la financiación presupuestaria de estas entidades y por la capacidad de la administración de vetar acuerdos camerales. Si bien el PSOE y NC han dado un apoyo general al texto, las enmiendas parciales que han mantenido en el Pleno han sido derrotadas con los votos de CC, PP y ASG, que tampoco han admitido las propuestas de Podemos, único grupo que se ha opuesto a la nueva normativa.
La falta de concreción para que los presupuestos autonómicos financien obligatoriamente los gastos de funcionamiento y los servicios encomendados por la Administración a las cámaras de comercio ha sido una de las principales críticas de Podemos y NC. Otro de los puntos a los que se han opuesto es que el Consejo General de Cámaras, un nuevo órgano en el que estarán representadas las cámaras de comercio de las Islas, no podrá adoptar acuerdos si estos no son ratificados por la Administración autonómica. Eso da, de hecho, capacidad de veto al Gobierno en el caso, por ejemplo, de que las cámaras deciden adoptar algún tipo de recurso ante la Administración, argumentaron las diputadas Concepción Monzón (Podemos) y Esther González (NC).
José Tomás Estalella (PP) admitió que el Gobierno podrá ejercer ese veto tal y como está redactada la ley, pero sostuvo que “la idea no es esa”. El objetivo de esa limitación es, explicó, que no se puedan adoptar acuerdos por mayoría de unas cámaras contra otras, y promover así los acuerdos unánimes entre todas, para que así los ratifique el Gobierno. Socorro Beato, de CC-PNC, indicó que el objetivo de que los acuerdos del Consejo de Cámaras tengan que ser ratificados por el Ejecutivo canario como órgano tutelante es garantizar que vayan en la línea de defender el interés general.
En cuanto a la financiación por los presupuestos, la redacción de la ley lo deja en posibilidad, no en certeza, aunque los grupos parlamentarios que apoyaron el texto consideraron que ese es el espíritu de la norma y que cualquier ejecutivo que no lo cumpliera se encontraría con una gran contestación.
Gustavo Matos, del PSOE, mostró su satisfacción por esta ley, cuya tramitación ha sido “compleja por la disparidad de intereses y por la heterogeneidad” de las cuatro cámaras de comercio canarias, tanto en su ámbito (dos provinciales y dos insulares) como en los servicios que prestan o número de empresas afiliadas. Opinó que la distribución de la financiación entre las cámaras es equilibrada, justa, objetiva y proporcionada. Esa distribución de la financiación, según el texto aprobado, se fija conforme al número de empresas afiliadas (85%) y a los servicios que presten en las islas no capitalinas (15%), para compensar la doble insularidad.
En lo que respecta a las funciones, la ley define que las cámaras de comercio podrán establecer planes camerales sobre internacionalización, competitividad y formación profesional, que podrán contar con subvenciones del Gobierno canario.
José Tomás Estalella logró introducir una última enmienda en el debate plenario para que no sea incompatible ser empleado de una cámara de comercio y a la vez ser elegido presidente por el pleno. “Todos han quedado razonablemente insatisfechos”, tanto las cámaras como los grupos parlamentarios, lo cual es positivo, celebró. Estalella coincidió con Matos en que si se detectan deficiencias se podrán corregir en la próxima legislatura.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, concluyó que será una ley útil a pesar de la desconfianza.
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