Sociedad

Dos familias tinerfeñas recuperan los ahorros que perdieron en 2006

Sendas sentencias condenan a los bancos a devolver lo que habían pagado por unos pisos que nunca acabaron de construirse por la crisis

Dinero: monedas y billetes
Dinero: monedas y billetes. / DA

Excelentes noticias para dos familias tinerfeñas, que han logrado recuperar los ahorros que invirtieron en un proyecto tan fundamental como es la adquisición de la vivienda y que, prácticamente, daban por perdidos, habida cuenta los ingresaron allá por 2006 en ambos casos. Ahora, ha sido la justicia la que les ha dado la razón al dar por correctos los argumentos jurídicos de su representación legal, llevada a cabo por el letrado tinerfeño Carlos Gómez, especializado en reclamaciones hipotecarias y colaborador habitual de DIARIO DE AVISOS. A través de sendas sentencias, dictadas por los juzgados de primera instancia números 6 y 9 respectivamente, estas dos familias recuperarán 40.320 euros en el primer caso y 28.900 euros en el segundo, además de los intereses legales correspondientes, que supondrán una suma notable dado el tiempo transcurrido.

En el primero de los casos, data de 2006 cuando la familia afectada suscribe un contrato con la empresa Racobullos Property Investment SA para adquirir un inmueble en Adeje como vivienda habitual por un total (IGIC incluido) de 209.600 euros. Cuando se habían producido los dos primeros pagos, de 20.160 euros cada uno, llegaron los incumplimientos de la promotora, que nunca concluyó la obra. Ahí empezó el calvario para la familia, que prácticamente habían dado por perdidos esos ahorros hasta que el Supremo dictó en enero de 2015 una sentencia que acabó con la impunidad de las entidades bancarias que, al no cumplir la promotora de turno con el crédito que había solicitado para la obra, se apropiaba también del dinero ya pagado por sus clientes. Es más, el Supremo explica que si, como se aducía desde las entidades financieras, si el dinero depositado por los clientes no estaba separado en otra cuenta del de la promotora, solo es debido a la “mala praxis bancaria”. Idénticos argumentos se recogen en la segunda sentencia, con las únicas diferencias de que el inmueble a construir estaba previsto para el municipio de San Miguel y que los pagos ahora recuperados suman un total de 28.900 euros más intereses, siendo la constructora Betafrancichiaria Investment SL.