Política

El Diputado del Común da 65 avisos al Gobierno ante “el silencio por respuesta”

Rafael Yanes tacha de “inadmisible” que no se conteste a los requerimientos de información y ve necesario un gran pacto por la dependencia en Canarias, por “el gran problema” de su gestión

El diputado del Común, Rafael Yanes, ayer, durante su intervención en comisión parlamentaria.
El diputado del Común, Rafael Yanes, ayer, durante su intervención en comisión parlamentaria. / Sergio Méndez

El diputado del Común, Rafael Yanes, calificó ayer de “inadmisible” el hecho de que los requerimientos de información se encuentren “con el silencio por respuesta”, lo que ha llevado a emitir 89 advertencias de obstrucción, 65 de ellas al Gobierno de Canarias, donde “el gran problema” está en la gestión de la dependencia. Estos datos fueron facilitados por el responsable de la institución ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias, ante la que Rafael Yanes expuso el informe anual correspondiente a 2018 y que supone, dijo, la imagen de la Canarias más vulnerable. De hecho, las actuaciones de oficio han aumentado en el 460%, las quejas en el 21% y se han recibido peticiones de información por parte de 22.000 personas, detalló Rafael Yanes, quien recordó que en la primera parte del año pasado la institución estuvo aún liderada por Jerónimo Saavedra.

El Diputado del Común trabaja “con absoluta independencia”, pero se ha visto en muchos casos con el silencio por respuesta ante sus requerimientos a las administraciones públicas, porque, aunque la evolución en este ámbito es positiva, a muchas les sigue costando dar respuesta a las peticiones ciudadanas y consideran que dar información no está dentro de su trabajo. “Es necesario cambiar su formar de pensar, porque estas administraciones son las mismas que incumplen la ley a la hora de colaborar con el Diputado del Común”, advirtió Yanes.
Pese a contactar con los responsables de diferentes entidades, el Diputado del Común ha firmado 285 recordatorios del deber legal de colaboración con la citada institución y 80 advertencias de declaración de obstrucción, entre ellas las citadas 65 al Gobierno de Canarias, dos a cabildos “y, lo más triste”, añadió, al presidente del Colegio de Procuradores de Gran Canaria y a la alcaldesa de Arrecife de Lanzarote.

Otras instituciones, por el contrario, han hecho “un esfuerzo” por atender las recomendaciones del Diputado del Común y la Dirección General de Protección al Menor y la Familia “es un buen ejemplo”, pues hasta 2017 tenía numerosas quejas por el retraso en el carné de familia numerosa y puso en marcha un plan de choque con el que ha logrado que las quejas en el área de menores disminuyan hasta la cuarta parte, por lo que felicitó a este organismo. El ejemplo contrario, prosiguió Rafael Yanes, es la dependencia, pues la ley establece un plazo de seis meses para gestionar los expedientes y esta media se está multiplicando por cuatro en Canarias, región que a su vez es la que menos recursos dedica a esta área por habitante, con 54 euros de media, y la estatal es más del doble (129,72).

Al respecto, el diputado del Común expresó su deseo de que la dependencia no formase parte del debate partidario y consideró necesario que el Parlamento impulse un gran pacto por este asunto en Canarias, entendiendo que el problema es de funcionamiento y no solo de financiación. “El problema de la dependencia cuál es. El principal es que está duplicada. Hay que hacer dos visitas a la misma persona para el mismo expediente. Nuestros técnicos dicen que es un problema del funcionamiento y no solo de la financiación”, aseveró.

En materia de menores señaló dos incumplimientos por parte de la comunidad autónoma, el primero, que sigue sin elaborar el II Plan de Infancia y Adolescencia y el segundo, que es “urgente” y continúa sin dar respuesta al desarrollo de una norma específica que regule el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. Asimismo, Rafael Yanes anunció que en la próxima modificación de la ley que regula la institución, que pasará a llamarse Diputación del Común, va a plantear que se regule la mediación, de tal manera que cuando se solicite un procedimiento de este tipo a la Administración esta tenga la obligación de “sentarse”.

Sobre los encuentros mantenidos con diferentes colectivos, Rafael Yanes detalló que en seis ocasiones se ha reunido con afectados por desahucios, además de con las 80 familias de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, que también iban a ser desalojadas. Además, ha tratado cuestiones como los vertidos de aguas residuales al mar, la escasez de agua para el riego de olivos en Fuerteventura, cortes de agua en Mogán (Gran Canaria), falta de acceso para personas con discapacidad motora en el IES Tegueste de Tenerife y la falta de abono al proyecto Educa de clases de apoyo para niños de barrios periféricos en Las Palmas de Gran Canaria. Otros asuntos tratados por el Diputado del Común han sido la inseguridad vial en una carretera de Los Realejos donde ha habido varios atropellos mortales, la necesidad de una unidad de suelo pélvico en La Palma, las malas condiciones en el consultorio de Las Galletas e irregularidades en la residencia de mayores de Los Cristianos. Se refirió, además, al caso solventado de una mujer transexual de nacionalidad brasileña que fue retenida en un centro de internamiento de extranjeros porque su documentación no correspondía a su sexo.

LA FINANCIACIÓN DEL ORKAMBI, AL DEFENSOR DEL PUEBLO

También ha abordado el Diputado del Común la propuesta de crear plazas de enfermería escolar en los centros educativos y ha trasladado al Defensor del Pueblo la demanda de financiar el medicamento Orkambi para la fibrosis quística, que está gestionando con el Ministerio de Sanidad. Asimismo, tuvo en cuenta la demanda de la asociación de afectados por hemofilia en Tenerife de acceder a tratamientos hematológicos en el Hospital de La Paz de Madrid, mientras que los afectados de obesidad mórbida han solicitado que se incluya en su tratamiento la cirugía reparadora.
Además, una de las actuaciones de oficio iniciada por el Diputado del Común es la de verificar el grado de accesibilidad de los 88 municipios canarios, para lo que se han ofrecido a colaborar los cabildos de Tenerife, La Gomera y Fuerteventura.

También promovió que se unifiquen en un expediente las quejas presentadas al Diputado del Común por personas pertenecientes al colectivo de niños robados y que tienen dificultad para acceder a sus expedientes. Del mismo modo, se ha formado una mesa de trabajo para estudiar los problemas de las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y otra iniciativa similar sobre pobreza infantil.