educación

El Gobierno dejó de invertir mil millones en la educación pública no universitaria

La Plataforma por el 5% del PIB para la Educación afirma que faltan 2.500 profesores y 11.000 plazas en Infantil, y se ha permitido el auge de la concertada
Convocatoria de oposiciones de Educación. DA
Convocatoria de oposiciones de Educación. DA
Convocatoria de oposiciones de Educación. DA

La Plataforma por el 5% del PIB para la Educación denunció ayer que Canarias dejó de invertir 1.000 millones en su educación pública no universitaria, a la que le faltan 2.500 docentes y 11.000 plazas en Infantil, y permitió que el sistema público haya pasado de representar el 81,6% al 75,6% de la oferta en los últimos 11 años.

Esta es, según señaló, la herencia que deja el Ejecutivo regional en la enseñanza pública no universitaria en las Islas, que, pese a los recortes, “no ha perdido calidad”. De esa manera, indicó que el Gobierno se alejó “de la senda a seguir para conseguir, tal y como establece la Ley regional de Educación, que en 2022 este servicio público reciba el 5% del PIB del Archipiélago”. Un porcentaje que este año se sitúa en el 3,63%, después de que en 2008 fuera del 4%. La Plataforma estimó en 480 millones más los que habría que haber presupuestado en 2019.

Fernando Redondo, Carlos Quesada y Bernardino Ruiz presentaron en La Laguna la campaña Apuesta por la Pública, que desde ayer se difunde en redes sociales para “dignificar la imagen del sistema educativo público” isleño y recordar que es “el único modelo de cohesión social e igualdad”, frente a otros que “venden más imagen que calidad y realidad”. Redondo recordó que la educación “no ha sido una prioridad política” y recalcó que, en lugar de hablar de deportes electrónicos”, se debería solventar “el déficit educativo” que sufre la sociedad, que sigue importando mano de obra por falta de educación. Consideró que con una “base educativa tan endeble” no se puede hablar de cambiar el “modelo económico”.

En la campaña participan canarios con una trayectoria de éxito que reclaman que “la inversión en la enseñanza pública sea una prioridad política y social”.

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