La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó ayer la nueva ofensiva desplegada por la representación legal del presidente autonómico, Fernando Clavijo, contra la Fiscalía en su afán de conservar sus privilegios como aforado, a pesar de que el nuevo Estatuto de Autonomía, en vigor desde hace meses, suprimió los mismos. En concreto, Clavijo reclamaba al TSJC que cursara los correspondientes exhortos ante la Fiscalía General del Estado para que les fueran entregados unos supuestos borradores de trabajo elaborados por miembros del Ministerio Público, documentos de los que el alto tribunal canario llega a dudar sobre su existencia.
En una providencia fechada el pasado miércoles y que ayer se comunicó a las partes, dicha Sala de lo Penal (conformada por el magistrado Antonio Doreste y las magistradas Carla Bellini -ponente- y Margarita Varona) responde a tal solicitud de exhortos que “no ha lugar a la expedición de los mismos puesto que, de existir, se tratarían de documentos internos de la Fiscalía, ajenos a esta Sala y no constando en las actuaciones”.
En cuanto a dichos documentos, fue a través de un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma el pasado 15 de noviembre donde se recuerda que “en la elaboración de los informes que tiene que realizar el Ministerio Fiscal es frecuente la intervención de varios fiscales (elaboración de borradores o notas de trabajo, visados, etc.) que concluyen con el informe final que es presentado ante el órgano judicial que corresponde”. Sea como fuere, el TSJC sí que aceptó otra de las peticiones de los abogados de Clavijo, consistente en la remisión al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna de “la totalidad de actuaciones que hasta la fecha ha dado lugar la instrucción” de las diligencias que nos ocupan por parte de la referida Sala de lo Penal.
Resta recordar que el llamado caso Grúas versa sobre la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción, a cuenta del cual ya están imputados el propio Clavijo (cuya declaración sigue pendiente), su sucesor al frente del Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, y el edil también de CC Antonio Pérez Godiño.
El recurso presentado por la defensa del mandatario sigue pendiente
El recurso de casación presentado por la defensa del presidente autonómico, Fernando Clavijo, contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de desentenderse del caso en favor del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna sigue sin ser resuelto por parte de la Sala de lo Penal del alto tribunal canario, que probablemente lo estudie hoy. Dicho recurso, que persigue evitar la declaración como imputado del propio Clavijo ante la jueza de la Ciudad de los Adelantados, está interpuesto contra una decisión del TSJC que, precisamente, niega la posibilidad de ser recurrida y que, en todo caso, fue adoptada por la mayoría conformada por las magistradas Carla Bellini (ponente en este caso) y Margarita Varona, ante la cual el también magistrado (y además presidente del alto tribunal regional) Antonio Doreste emitió un voto particular para expresar tal disconformidad. En realidad, el juzgado lagunero espera que se resuelva sobre dicho recurso para fechar de nuevo la declaración de Clavijo, suspendida por iniciativa de su titular, la jueza Celia Blanco, tras tener conocimiento de esta reclamación presidencial.
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