La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, anunció ayer que la Administración General del Estado ha notificado que no va a transferir a las Islas los 42 millones del Plan Integral de Empleo (PIEC) ni los 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza pese a que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 han sido prorrogados tras ser rechazo el proyecto en las Cortes, con una enmienda a la totalidad de CC: “Nos han comunicado que consideran que estas subvenciones nominativas no son objeto de prórroga presupuestaria”. Esto significa que, al estar los PGE prorrogados, tanto el PIEC como los 30 millones de pobreza que están prorrogados, “no son objetos de prórroga”. Por lo tanto, Valido hizo hincapié en que no hay posibilidad de firmar estos fondos para que lleguen a Canarias “a menos que se busque una salida para cumplir con el REF, el Estatuto de Autonomía y con la palabra dada”. Sin embargo, el Consejo de Gobierno de Canarias sí aprobó ayer el gasto de más de 30 millones para programas de pobreza, 19,6 de ellos irán a financiar los servicios sociales comunitarios.
Por su parte, la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, informó de que el Ejecutivo regional ha enviado una comunicación por escrito al Ministerio de Hacienda para “exigir una reunión urgente ante la imposición de destinar los 500,4 millones de euros de las sentencias” sobre el Convenio de Carreteras a amortizar deuda. “Es un asunto extremadamente grave, por lo que también nos hemos puesto en contacto telefónico con el Gabinete de la ministra para trasladarle que mi disponibilidad para mantener esa reunión es absoluta, a cualquier fecha, a cualquier hora y en cualquier lugar”, añadió.
Dávila insistió en que el Gobierno de Canarias agotará hasta el último recurso para conseguir que ese dinero salga del superávit de la comunidad autónoma cuando el Ministerio de Hacienda publique los datos definitivos, el próximo día 15: “Estamos viviendo una maniobra más del Gobierno de Pedro Sánchez para quitarnos a todos los canarios el dinero de nuestras carreteras”. La consejera desmintió que Canarias tenga un superávit 2,05 % del PIB regional y 947 millones de euros, tal y como publicó el viernes el Ministerio de Hacienda en su página web. En este momento, explicó, “el superávit de la comunidad autónoma se fija en el 0,65% que equivale a 300,6 millones de euros, casi 650 millones menos de lo que se ha publicado. Así se lo hemos comunicado ya a la Intervención General del Estado y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal”.
Dávila denunció que “ya es grave que el Gobierno de España continúe saltándose una sentencia judicial firme que les obliga a transferirnos el dinero de los convenios, pero contabilizar unos fondos que no han pagado como si realmente lo hubieran hecho, es una artimaña que solo busca que ese dinero vaya directamente a pagar deuda a los bancos y a compensar a las comunidades autónoma incumplidoras”. La consejera recalcó que “contabilizar el dinero de carreteras en el superávit vulnera una de las normas del Sistema Europeo de Cuentas relacionada con las decisiones judiciales, como es el caso de las sentencias del Convenio de Carreteras”. Se refiere a que “el registro de los gastos o ingresos se realiza cuando el demandante tiene el acceso a esa cantidad y pueden hacer uso de ese derecho”. En la rueda de prensa, Dávila acusó a Pedro Sánchez de cometer un “atropello” con el Archipiélago y de negar fondos ya comprometidos para desviarlos a otras comunidades con las medidas que viene aprobando el Consejo de Ministros en lo que calificó de “viernes negros”.
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