El Ayuntamiento de La Laguna sigue contratando con las mismas empresas a pesar de que los contratos de adjudicación están vencidos, tal y como se refleja en un nuevo informe de la Intervención Municipal de la Ciudad de los Adelantados, donde el interventor, Gerardo Armas, eleva los correspondientes reparos ante la posible ilegalidad de tales contratos.
Tal informe constituye la base de lo que supone la tercera ampliación de la denuncia presentada en su día por el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias y candidato a la Alcaldía por Avante La Laguna, Santiago Pérez, en lo que supone el llamado caso Reparos, del que pueden verse afectados por estas prácticas no solo el actual alcalde, José Alberto Díaz, sino también su predecesor, el hoy presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Aunque en la denuncia inicial ya se aportó un volumen considerable de documentación donde se reflejan cómo, cual modus operandi, el Ayuntamiento de La Laguna sigue contratando con un número determinado de empresas sin convocar el preceptivo concurso excusándose en una situación de emergencia que provoca la propia Corporación al dejar vencer los plazos previstos, lo cierto es que el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna15 meses no ha llamado a declarar al propio Gerardo Armas, y ello, a jucio del denunciante, ha permitido al Ayuntamiento seguir con unas prácticas que pueden ser constitutivas de delito.
Cabe recordar que el propio interventor también pone en duda la legalidad de este modo de proceder. Sea como fuere, en esta nueva ampliación de denuncia (además de sorprenderse Santiago Pérez de la “inactividad en el juzgado” acerca de este asunto, “15 meses después de presentarse la denuncia”) se detalla que basta con revisar el citado informe de la Intervención lagunera (fechado el pasado 8 de abril) para comprender que “las advertencias de ilegalidad [del interventor] vienen fundamentadas en las mismas infracciones de la legalidad presupuestaria y de la reguladora de la contratación pública que han motivado las denuncias investigadas en esas diligencias previas”, así como que “puede comprobarse también cómo las empresas beneficiadas por esta modalidad de contratación pública ilegal son las mismas que figuran identificadas en nuestra anterior denuncia y sucesivas ampliaciones: Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., Servisa Servicios Sociales S.L., Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales S.L., Procedimiento de Aseo Urbano PAU S.A., UTE Interjardín S.L. Tegalpa S.A., Clece S.A., Procedimientos de Aseo Urbano Pau S.A”.
Igualmente, hay que tener en cuenta que “el volumen de dinero público comprometido por las resoluciones dictadas en contra de las advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención durante el segundo semestre de 2018, descontando la autorización a Urbaser SA, empresa que gestiona el servicio de recogida y transporte de residuos domiciliarios y limpieza de las vías públicas (7.896.373,35 euros), que fue objeto de la ampliación de la denuncia presentada el 4 de febrero del año en curso, asciende a 5.490.663,32 euros”.
A este respecto, hay que tener en cuenta que solo con los datos presentados en la denuncia original, presentada en enero del año pasado, la cantidad contratada por el Ayuntamiento de La Laguna por el cauce cuya legalidad es puesta ahora en duda ya ascendía a un total de 18.134.406, 20 euros.
Testigo básico
Por todo ello, el denunciante solicita al Juzgado “que tenga por presentada esta tercera ampliación de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento Diligencias Previas 333/2018 y la admita; que acuerde la práctica de las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados y la identidad de sus autores; y, especialmente, que disponga la citación del interventor general del Ayuntamiento, Gerardo Armas Davara, en calidad de testigo, y de las autoridades que han dictado las resoluciones que son objeto de la denuncia inicial y sus sucesivas ampliaciones en calidad de investigados”. Resta añadir que, cual colofón de su escrito, el denunciante invoca “explícitamente el derecho a la tutela judicial efectiva de los intereses públicos tutelados por la ley” para solicitar un impulso “inaplazable” a estas diligencias.
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