El Gobierno de Canarias aclarará a la Audiencia Nacional, por las vías que corresponda, las “mentiras” que considera que el Ministerio de Fomento le ha hecho llegar sobre su actuación en torno al cumplimiento de sentencias relacionadas con el convenio de carreteras de la comunidad autónoma. Así lo anunció ayer, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno en la presente legislatura, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez (CC), que compareció para explicar “todo lo que tiene que ver con la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo relativas al convenio firmado en 2006”. Rodríguez recalcó que todos estos fallos judiciales se produjeron “entre enero y marzo de 2018 y dieron la razón a Canarias, al reconocer que el Estado [la Administración General] tiene que devolverle cerca de 1.000 millones de euros”, cantidad que equivale a los recortes que de manera unilateral introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy a las inversiones en carreteras comprometidas en su día, más intereses.
El vicepresidente insistió en que el Gobierno canario ha tratado de llegar con el Ministerio de Fomento a un acuerdo extrajudicial que permitiera la devolución de esos recursos en diferentes anualidades. “Tras muchos encuentros, el Ministerio nos pasa una propuesta de convenio para dar cumplimiento a la ejecución de sentencia en la que restaba a Canarias unos 300 millones de euros”, de ahí que esta comunidad autónoma no lo rubricara y recurriera a la Audiencia Nacional para que requiriera a la otra parte el cumplimiento de su obligación. En marzo de este año, la Audiencia Nacional da a Fomento diez días para ejecutar las sentencias, un plazo que expiró sin respuesta alguna del departamento del Gobierno central, al que el mismo órgano judicial reiteró su requerimiento el 14 de mayo, para lo que fijó un nuevo plazo de cinco días, relató Rodríguez. Este martes, el Ministerio de Fomento difundió un comunicado en el que aseguraba que no le constaba un segundo requerimiento de la Audiencia Nacional y que había contestado en tiempo y forma: “Lo hizo el 17 de mayo, días después de que saliera el segundo requerimiento”.
En un acto de la campaña para las elecciones del domingo, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, acusó ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “sembrar una cortina de humo” en relación al cumplimiento de la sentencia extrajudicial.
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