El Consejo de Gobierno de Canarias del pasado lunes no adoptó ningún acuerdo sobre el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ni la aplicación del superávit a “servicios sociales” en el Archipiélago. La consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, engañó a los medios informativos cuando en la rueda de prensa posterior a esa sesión anunció que “el Gobierno de Canarias ha determinado que el dinero de Canarias se queda en Canarias”.
Fue una afirmación falsa porque el asunto no iba en el índice correspondiente del orden del día ni, por lo tanto, se había tramitado previamente un expediente que analizara la comisión de secretarios y secretarias generales técnicas preparatoria de la reunión del Ejecutivo. No hubo acuerdo ejecutivo alguno, todo fue un brindis propagandístico, pero no el primero de esta índole.
En mayo de 2016, en vísperas de la repetición de las elecciones generales, el Gobierno de Coalición Canaria hizo exactamente lo mismo: transmitió a la opinión pública su intención de desviar 123 millones del superávit obtenido en las cuentas autonómicas a gastos de contenido social. Pero entonces todo quedó en la tramitación de un expediente administrativo de modificación presupuestaria por importe de 69 millones que el Ejecutivo dedicó a salarios de la Consejería de Sanidad. “Por prudencia y por responsabilidad”, se limitó a justificar la consejera Rosa Dávila. En este caso, el Gobierno de Canarias vulneró la regla de gasto.
Las consecuencias de aquel desplante y de aquel importe se repercutieron en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 y para 2019, sobre los que el Estado impuso un plan de viabilidad, consecuencias sobre las que el Gobierno de Clavijo ha impuesto absoluto mutismo.
La misma estrategia se trata de aplicar en esta ocasión, también en víspera electoral y también para transmitir a la ciudadanía que el Gobierno de Canarias se hace fuerte ante el de España: “El dinero de Canarias se queda en Canarias”, repitió la consejera de Hacienda varias veces en su comparecencia de este lunes, a pocas horas de que se cerraran los colegios electorales y comenzara la carrera para las autonómicas, en las que Coalición Canaria se juega la exigua minoría con la que ha gobernado estos últimos cuatro años.
Si el lunes la consejera de Hacienda hablaba de 300 millones para destinar a “servicios públicos”, tras la reunión del jueves con el comité asesor del presidente -formado por sindicatos y organizaciones empresariales- la cifra quedó reducida a 174 millones, que tendrán como destino teórico la disminución de las listas de espera sanitarias y la reducción de la jornada lectiva de los docentes a 18 horas.
Se trata de dos colectivos que superan ampliamente las 50.000 personas en Canarias (28.000 docentes y 23.500 personal sanitario), cuyos votos pueden ser decisivos en las próximas elecciones y que han protagonizado enfrentamientos casi perennes con el actual Ejecutivo regional.
El deterioro en la calidad asistencial y en la tensión que sufren los profesionales sanitarios frente a los usuarios desde hace años se ha acrecentado enormemente en esta legislatura. Para colmo, Fernando Clavijo profundizó en su alejamiento con el personal sanitario cuando insinuó la semana pasada ante los micrófonos de la cadena COPE que la responsabilidad -incluso penal- del caos de urgencias que sufre el Hospital Insular de Gran Canaria es de sus trabajadores. Una afirmación que lanzó cuando fue preguntado por la denuncia que aquellos interpusieron ante la Fiscalía de Las Palmas, cansados de no recibir respuestas ante la falta de medios que acucia no solo a ese servicio, sino a muchos otros de todos los hospitales del Archipiélago.
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