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Archivada la causa penal contra José Sindo y el consejo de Epelcan

El juez no encuentra indicios de prevaricación, falsedad documental y estafa en la licitación del Ari Antón Guanche, tras la denuncia del secretario municipal de Candelaria
El Ari Antón Guanche fue una obra que se hizo mal, pero que se concedió de manera legal, según el juez / DA

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Güímar archivó el lunes las diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa en el marco de la licitación, promoción y ejecución de la primera fase de las obras de rehabilitación integral de las viviendas sociales en Antón Guanche, adjudicadas en 2010 por la empresa pública Epelcan al Grupo Cobra, por un importe de licitación de 876.409,08 euros, cuando el total de actuaciones en las 70 viviendas había sido cifrado en 1.024.100,00 euros.

Tras la denuncia ante Fiscalía del secretario municipal, que lo sigue siendo hoy, Octavio Fernández, el Juzgado de Güímar incoaba la causa el 3 de junio de 2019, declarándola compleja, resultado investigados el exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García y los concejales del mandato y miembros del consejo de administración de Epelcan (2011-2015), Domingo Ramos, Ramón Gil, Alfredo Arencibia, Cecilia Otazo, Olivia Pérez (estas dos últimas siguen hoy en el Gobierno local) y el exgerente de Epelcan, Cirilo Acevedo, la empresa Cobra Instalaciones y Servicios, el arquitecto Juan de la Cruz y los técnicos Marcos Abreu y Víctor Hernández de Mesa.

La resolución del juez Francisco Tuero, destaca que “de la amplia documental recabada y de las testificales practicadas se desprende la inexistencia de datos indiciaros sobre los distintos elementos que conforman los tipos penales perseguidos, decayendo, por ello, la necesidad de practicar otras diligencias, en particular las declaraciones de investigados que, en valoración comparativa respecto a lo que supone someter a una persona a un procedimiento criminal, resultan injustificadas, precisamente por no encontrar soporte en lo actuado para realizar un juicio indiciario de criminalidad contra los mismos”, por lo “se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la presenta causa, dejando a salvo las acciones administrativas que pudieran proceder”, dejándose sin efecto las demás diligencias acordadas y pendientes de practicar. A esta resolución a podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y/o apelación en el plazo de cinco días.

Octavio Fernández y Federico López del Amo

El auto advierte de las contradicciones sobre el proceso de la licitación del denunciante, el secretario municipal Octavio Fernández, al que le recuerda su “escaso conocimiento urbanístico” y que no imprescindible que estuviera en la licitación el interventor para darle validez a la misma. También pone en dudas el testimonio del aparejador municipal Federico J. López del Amo, a quien le recuerda que “nunca antes había inspeccionado, valorado o informado sobre la obra en cuestión”.

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