En 1929, los terrenos sobre los que hoy se levanta la Refinería de Santa Cruz pertenecían a distintas familias en lo que ahora es Cabo Llanos. Una de ellas era la familia Barrios, a la que le expropiaron los solares para hacer una industria, que solo un año después ya estaba en funcionamiento. Los herederos de estas familias, 90 años después, podrían estar planteándose ejercer su derecho de reversión sobre los citados terrenos. Así lo apuntó ayer el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, quien, durante la comisión de control municipal, explicó que recuperar los terrenos de la industria para la ciudad supondrá un largo camino, en el que deben darse una serie de factores muy complicados a los que podría sumarse esta acción de los herederos. “Es un rumor que nos ha llegado, y aunque sería un pleito privado, desde el Ayuntamiento tendremos que estar atentos si se llegara a producir”.
Según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la reversión es el derecho que corresponde al expropiado o a sus causahabientes para recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, en caso de no ejecutarse la obra o de no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si desapareciera la afectación, abonando una indemnización. Se aplica a toda clase de expropiaciones, incluidas las urbanísticas y cualquiera que sea la forma en la que se haya llegado a determinar el justiprecio.
La concejala de Unidas Podemos, Dolores Espinosa, durante la comparecencia de Martín que solicitó CC, quiso saber cuánto le va a costar a los chicharreros que la Refinería quiera irse de la ciudad. “En 1930 se le expropió a la familia Barrios los primeros terrenos y desconozco si en 1950 se le vendió a la Refinería el resto de propiedades que quedaban. Lo que queremos saber es si ese suelo es todo de Cepsa o si lo tiene en concesión. Si esto es así, no nos va a salir gratis que se vayan”. Espinosa explicó a DIARIO DE AVISOS que su familia conoció a la familia Barrios y que, según su información, de los cuatro hermanos que fueron expropiados, queda una nieta, que ya está jubilada, aunque desconoce si ella o sus allegados han decidido iniciar acciones legales para solicitar ese derecho de reversión en los juzgados. “Nuestra intención es conocer la situación administrativa de esos terrenos y cómo pueden afectar a la ciudad”, añadió.
El edil de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, a quien se había pedido la comparecencia, detalló que, en estos momentos, no hay ningún expediente abierto en el Ayuntamiento, tampoco en Urbanismo, como consecuencia del decreto firmado por el anterior alcalde, José Manuel Bermúdez, para hacer cumplir el acuerdo que se firmó con la Refinería. Para el equipo de gobierno ese acuerdo es solo eso, “un acuerdo de intenciones sin validez jurídica” y lo único que, aseguró Martín, se ha derivado de esa instrucción, es que será el nuevo Plan General el que determine el destino y uso de los terrenos. Bermúdez, por su parte, defendió la validez del acuerdo que refleja la voluntad de firmar un convenio con Cepsa y la oficialidad que le dio el decreto firmado por el exalcalde en el mandato pasado.
Entre los expedientes (6) abiertos en otras administraciones, está la solicitud al Ministerio de Industria para desmantelar una instalación que se considera estratégica. También al plan de recuperación de suelos (descontaminación) que, según se informó en la comisión de control, ya ha sido aprobado por el Gobierno de Canarias y debería comenzar en abril del próximo año, aunque antes debe tenerse el permiso de Industria y la autorización para almacenar combustible en otro lugar de la Isla.
Este plan consiste en la instalación de una red de tuberías que lleguen hasta el subsuelo, donde están las bolsas de hidrocarburo acumulado, que serán impulsadas y extraídas con un sistema de bombeo. Así lo explica el área de Infraestructuras en la respuesta dada a Unidas Podemos. Se detalla que existen varios expedientes de descontaminación en el Gobierno de Canarias y que el más avanzado es el de los terrenos del Castillo Negro.
