El Gobierno de Canarias ha acordado la ejecución del proyecto Planta Fotovoltaica La Estrella, entre los núcleos aroneros de Las Galletas y Chayofa, una infraestructura energética de más de 7.700 módulos y capacidad para 4,5 megavatios, promovida desde 2023 por Iberdrola Renovables Canarias.
La medida recurre al procedimiento de urgencia previsto en la legislación para doblegar el rechazo expreso tanto del Ayuntamiento de Arona como del Cabildo. Esta decisión llega pocos meses después de que se aprobara por la misma vía otra instalación bajo el mismo mecanismo, denominada Llano de los Bebederos I, en el entorno del Hospital del Sur.
El proyecto, presupuestado en 3,41 millones de euros, se levantará sobre suelo rústico de protección económica (subcategoría agraria y tras décadas sin explotación). La planta evacuará la electricidad de forma subterránea hasta conectarse con la subestación de Chayofa. Con una producción estimada de casi 10.000 megavatios hora al año, la instalación evitará la emisión anual de 6.189 toneladas de dióxido de carbono. El Ayuntamiento de Arona advirtió en mayo de que la instalación “carece por completo de cobertura en el Plan General de Ordenación” y vulnera la Ley del Suelo de Canarias, al tiempo que señaló la ausencia de “criterios de interés público o social que justifiquen su implantación en dicho entorno”.
Asimismo, denunció la ocupación no contemplada de caminos públicos. Por su parte, el Cabildo de Tenerife alegó en junio la “inobservancia de la normativa de integración paisajística del Plan Insular de Ordenación”, la falta de motivación sobre los movimientos de tierra requeridos y la “omisión” de criterios de compatibilidad con las infraestructuras hidráulicas.
Frente al veto, el Ejecutivo canario blindó su decisión amparándose en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario, en la urgencia energética y en la brecha de Tenerife respecto a los objetivos de 2030, donde solo cuenta con 158 MW fotovoltaicos de los 343,2 MW previstos. La orden habilita la construcción inmediata y obliga a las administraciones a adaptar su ordenación urbanística en la próxima modificación sustancial.
Aunque el proyecto original contó con el aval ambiental, la tramitación final arrastró un vacío cuando los promotores redujeron y desplazaron la huella de la planta. Medio Natural optó por no responder a la nueva consulta. Las corporaciones locales disponen de un mes para recurrir en reposición o de dos para acudir al TSJC.
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