EL ESPAÑOL / DIARIO DE AVISOS
La madrileña Olga Rodríguez Palomo encara la semana con sentimientos encontrados, entre alegría y la frustración. Este viernes, la Corte de Guilgford (Carolina del Norte) le hará entrega de su hijo John, a quien su exmarido tiene retenido desde hace año y medio; tiempo durante el cual la madre no ha podido comunicarse con él.
Tras gastar alrededor de 300.000 euros en detectives, abogados, notarios y viajes, un dinero del que Olga no disponía y que ha tenido que pedir al banco, a familiares y a amigos, la justicia estadounidense le ha dado la razón, obligando al padre a devolverle a su primogénito, de nueve años.
Pero Olga, pese a tener a los jueces de su parte, no podrá acudir a recoger al niño. Su antigua pareja la denunció por secuestro -precisamente lo que él había hecho-, y si pisa territorio estadounidense, puede ser detenida e ingresar en prisión hasta que se celebre un juicio.
A estas alturas de tan desangrante historia, se encuentra asfixiada económicamente, y ha recurrido a una campaña de donativos para recolectar los cerca de 11.000 euros que necesita para pagar los gastos del viaje de su hermano y su sobrina, ambos padrinos de John. Ellos, serán los que acudirán a Estados Unidos para traerse al crío de vuelta a España.
“Ya no puedo más, todo esto me ha arruinado, aunque cualquier esfuerzo será poco si de nuevo vuelvo a abrazar a mi hijo”, cuenta Olga durante un pequeño receso en su trabajo.
La mujer, de 45 años, es secretaria de alta dirección, pero el viernes acaba su actual contrato laboral, ya que se encuentra sustituyendo una baja. Una circunstancia pese a la cual, intenta ver el lado positivo de las cosas. “Me vendrá bien no trabajar durante un tiempo para ayudar a que mi hijo se haga de nuevo a mí, para matricularlo en el colegio… No hay mal que por bien no venga”, dice.
El caso de Olga responde a la perfección a un secuestro parental. Se trata de una situación en la que uno de los dos padres de un menor se distancian del otro y no permiten que el niño tenga contacto con este. En la mayoría de casos, suelen instalarse en otro país, lo que dificulta aún más la labor judicial.
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