El Consejo de Ministros ha aprobado este martes nuevos decretos de vivienda con medidas para contener el precio del alquiler, ampliar la oferta asequible y combatir prácticas especulativas. El Ejecutivo recupera así buena parte de las iniciativas que el Congreso rechazó el pasado viernes, aunque los nuevos textos incorporan modificaciones y tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la decisión asegurando que la intervención pública sobre la vivienda “no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad”. El paquete anunciado reúne 21 medidas y llega después de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Entre las medidas recuperadas figuran la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones, restricciones frente a determinadas operaciones especulativas de fondos inmobiliarios y cambios fiscales relacionados con las viviendas turísticas.
Prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler
Uno de los decretos recupera la posibilidad de que determinados inquilinos soliciten una prórroga extraordinaria de hasta dos años de su contrato.
La versión anterior, aprobada por el Gobierno el 29 de septiembre y después rechazada por el Congreso, establecía que los contratos vigentes que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028 podían acogerse a este mecanismo por periodos anuales. Durante esa extensión debían mantenerse las condiciones del contrato en vigor.
El anterior texto incluía además medidas contra los desahucios de hogares vulnerables, regulación de alquileres temporales y por habitaciones, incentivos fiscales y mecanismos para aumentar el parque de vivienda asequible.
El alquiler de temporada y de habitaciones, bajo nuevas reglas
El Gobierno vuelve también a poner el foco en los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que considera utilizadas en algunos casos para esquivar las limitaciones aplicables al alquiler habitual.
La regulación aprobada la semana pasada obligaba a justificar la causa que motivaba un contrato temporal. Como norma general, estos alquileres debían tener una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses.
En el caso del alquiler por habitaciones, la suma de las rentas cobradas por todas ellas no podía superar el precio que correspondería al alquiler de la vivienda completa.
El paquete incluye asimismo medidas dirigidas contra operaciones consideradas especulativas por el Ejecutivo y cambios en la fiscalidad de determinados inmuebles y sociedades inmobiliarias.
La renovación automática del alquiler dependerá de la Diputación Permanente
El punto con mayores dificultades parlamentarias vuelve a ser la renovación automática de los contratos de alquiler.
El decreto rechazado el viernes establecía que, una vez alcanzados los cinco años de contrato —o siete cuando el arrendador fuera una persona jurídica—, este pudiera renovarse por nuevos periodos, con determinadas salvaguardas para los propietarios. La norma contemplaba, entre otras excepciones, la necesidad del dueño de recuperar la vivienda para sí mismo o para determinados familiares.
El Ejecutivo ha optado ahora por evitar que esta medida genere una situación temporal si posteriormente es rechazada. Su aplicación estará vinculada a lo que decida la Diputación Permanente del Congreso, órgano que asume determinadas funciones parlamentarias después de la disolución de las Cámaras.
La aritmética es especialmente ajustada. El principal decreto podría contar con 35 votos favorables frente a 34 contrarios si los grupos mantienen el sentido de su voto anterior. En cambio, el decreto sobre renovación automática tendría inicialmente 34 apoyos y 35 votos contrarios debido al rechazo del PNV.
El pasado viernes, el Congreso rechazó los dos decretos. El primero cayó por los votos en contra de PP, Vox y Junts. El segundo también recibió el rechazo del PNV y Coalición Canaria.
Sánchez ha defendido que el Ejecutivo debe intervenir ante la situación del mercado residencial y ha pedido a los grupos representados en la Diputación Permanente que respalden las nuevas normas.
Los nuevos decretos deberán superar ahora esa votación para mantener su vigencia.
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