Por IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ (AHORA.PLUS)
Más vecinas de las 358 viviendas de protección oficial en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, se han sumado a las protestas contra Visocan, la empresa de vivienda pública del Gobierno de Canarias, que compró los edificios en febrero de este año por casi 25 millones de euros para evitar que se produjeran desahucios por impagos después de que el Banco Santander, propietario de las viviendas, pretendiera vender a un fondo buitre los inmuebles.
Una vez que Marta Suárez, que vive con su marido y sus dos hijas con unos ingresos de 750 euros, relatara a esta redacción que le es imposible afrontar las condiciones que le impone Visocan (pagar 300 euros al mes y hacer frente al pago de una deuda), Engryd Padrón afirma encontrarse en la misma situación.
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