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“Los niños de Aulas Enclave tienen los mismos derechos que los demás”

Raquel Fumero es una madre coraje tinerfeña que lidera la reivindicación de un centenar de familias de alumnos con necesidades educativas especiales, denuncia su discriminación en las escuelas canarias al no tener acceso a todas las actividades, dándoles salida antes de los centros, impidiendo su permanencia y la conciliación laboral

Raquel Fumero juega con su hijo Izam fuera del CEIP Alfonso Spínola, de Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentra su Aula Enclave. | Sergio Méndez

Raquel Fumero es una madre coraje que está liderando la reivindicación de casi un centenar de familias de las Islas que cuentan con niños con necesidades especiales y que cursan estudios en las Aulas Enclave, pero que no terminan de lograr la plena integración en las escuela ordinaria. Lo que en principio debería ser un paso adelante, se ha convertido en “una tortura” para las familias, al tiempo que continúa la “exclusión y segregación” en el sistema educativo a la hora de normalizar la discapacidad, y denuncian que los horarios de las Aulas Enclave “dificultan la igualdad e inclusión real del alumnado en el centro y la conciliación laboral” de los progenitores.

Raquel es la madre de Izam, un niño con trastorno del espectro autista (TEA) que ayer cumplió 7 años. Está escolarizado en el Aula Enclave del CEIP Alfonso Spínola, de Santa Cruz de Tenerife, junto a otros niños con necesidades educativas especiales (NEE). Tiene acogida temprana (gracias al Ayuntamiento) y recibe clase hasta las 13.00 horas. Luego acude al comedor, junto a otros tres compañeros del Aula Enclave, pero a las 13.30 horas, justo cuando el resto de escolares entra a comer, deben abandonar el salón, por lo que les separan y abandonan el colegio en una guagua solo para ellos.

Antes de que comenzara el curso, Raquel había reclamado a la Consejería de Educación que Izam pudiera permanecer en el colegio hasta las 15.00 horas, horario en el que la mayoría del alumnado deja el centro (salvo que estén en actividades extraescolares) para que pueda terminar su jornada laboral y recoger al menor. Sin embargo, no ha recibido respuesta oficial, incumpliendo con la normativa y colocando aún más trabas a las que ya de por sí se enfrentan estas familias, al no permitirles formarse en igualdad de condiciones que el resto, a pesar de ser un derecho constitucional, reconocido en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y en las Naciones Unidas.

Las familias no entienden cómo es posible que si en el CEIP Alfonso Spínola, al que acuden los alumnos en dos turnos al comedor, permite a los menores permanecer en el centro bajo la vigilancia de auxiliares hasta las 15.00 horas, no se le permite esta posibilidad a los de Enclave. Raquel Fumero y otros padres cuentan con el apoyo de la dirección y de la AMPA del centro, así como de asociaciones como Apanate, Plena Inclusión o Autismo Sur, que también se han dirigido a la Consejería en varias ocasiones, sin respuesta.

Tras enviar escritos a la Inspección, la Dirección Territorial de Educación, el Diputado del Común e, incluso, el Defensor del Pueblo, fue el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Gregorio Cabrera, quien atendió a Raquel Fumero y justificó que no haya auxiliares para atender a los niños con necesidades educativas especiales hasta las 15.00 horas “porque esa figura no existe y habría que crearla. Añadió el coste que supondría “este desembolso económico”, lo que para esta madre supone “una falta de compromiso y una burla”. “Si la Consejería introduce un Aula Enclave en un colegio, es su responsabilidad que haya al menos un cuidador de comedor y de patio con los conocimientos para atender al alumnado con necesidades específicas”.

Raquel denuncia que la Consejería discrimina los niños de las Aulas Enclave, ya que los demás cuentan con personal que los atiende hasta que los recoge el transporte escolar, sus padres o familiares, y exige que se cumpla la normativa que regula las Aulas Enclave, sus horarios; y pide la razón por la que almuerzan separados, y no se pueden quedar en el patio con el resto de alumnos y deben dejar el centro en un transporte diferente al resto. “Eso no es integración, es discriminación”, resaltó. “El sistema educativo público debe tratar por igual a los alumnos y facilitar la conciliación familiar y laboral. Me gustaría que Izam pudiera jugar en el patio con los demás niños, porque es beneficioso para su socialización. ¿Cómo deben sentirse cuando los apartan y los meten en una guagua solo a ellos? El Gobierno de Canarias tira por la borda todo el trabajo terapéutico que realizamos las familias”, lamentó esta madre.

Raquel Fumero, junto a su hijo Izam, un alumno de 7 años con trastorno del espectro autista (TEA). | Sergio Méndez

No puede contar con apoyo familiar y estuvo a punto de perder su trabajo

Esta joven de Santiago del Teide ha tenido que dejar su entorno familiar para desarrollarse profesionalmente en Santa Cruz. Licenciada en Pedagogía y Máster en Pedagogía Terapéutica de Educación Especial, tras varios años ha logrado un trabajo de lunes a viernes como formadora de desempleados. “Me obligaban a dejar mi trabajo y buscar una jornada laboral precaria, o volverme al Sur, cerca de la familia. La única fuente de ingresos como unidad monomarental es mi trabajo y Educación me aboca a que entre en riesgo de exclusión social, cuando tengo capacidades para mantener todas las necesidades y terapias que necesita mi hijo”, lamentó.

Tras seis meses en los que la empresa facilitó a Raquel que pudiera desempeñar una hora de su jornada en casa, ha vuelto a la jornada completa, por lo que ha tenido que contratar a una canguro que se hace cargo de su hijo durante una hora. “No sé cómo voy a encajar este gasto extra, pero estaba en peligro mi puesto de trabajo en una empresa en la que llevo cuatro años. He tenido que cambiar la ruta del transporte escolar, para que la nani coja a Izan y me lo entretenga hasta que salgo del trabajo. El resto del día estoy dedicada plenamente a Izam, un niño inquieto que le encantan las actividades motoras y acuáticas. Está totalmente socializado, todavía no se comunica verbalmente, pero con sus pictogramas y recibiendo órdenes directas y precisas, lo entiende todo”, señaló.

“Me han puesto las cosas muy complicadas desde la Consejería. Con todo lo que sé ahora, no hubiera escogido el Aula Enclave. Maldigo la hora en que firmé esta modalidad, porque la Consejería hubiera puesto una profesora de apoyo a Izam dentro de un aula ordinaria en el centro que yo hubiera escogido (no el que le han obligado), con una inclusión real y un horario normal. No me quejo del trato educativo que está recibiendo en las Aulas Enclave, que cuentan con buenos profesionales que los atienden. Solo pido un trato igualitario, sin discriminación, que me permita poder cumplir con una jornada laboral y recoger a mi hijo sin amenazarme con llamar a la Policía Local argumentando abandono del menor”, finalizó.

El 92% de estos alumnos acuden a colegios ordinarios en Canarias

El 92% de los niños con algún tipo de necesidades educativas específicas (NEE), que en Canarias son unos 20.000, acudió el pasado curso a clases ordinarias con apoyo y atención especial a su diversidad. Por lo tanto, solo el 8% fue a centros de educación especial, Aulas Enclave situadas dentro de centros ordinarios o a centros de atención educativa preferente. Las islas cuentan con 173 Aulas Enclave, en las que se proporciona respuesta educativa exclusivamente al alumnado con necesidades especiales, 11 centros de educación especial y 99 centros ordinarios de atención educativa preferente. La exconsejera de Educación, Soledad Monzón, respondió el pasado mes de marzo en el Parlamento sobre la asistencia al comedor de un niño de 13 años con trastorno del espectro autista, quien desde el año 2012 pedía asistir en el mismo horario que su hermano; un auténtico calvario para la familia al denegarles que pudieran almorzar juntos. La oposición exigió la contratación de personal de 13.30 a 15.30 horas si el menor requería de una atención especializada. Según la Consejería, el 78% de los alumnos autistas de las Islas -donde hay 1.886-, no se diferenciaba del resto de sus compañeros, incluido en el servicio de comedor.

Raquel Fumero lidera la reivindicación de un centenar de familias de alumnos con necesidades educativas especiales. | Sergio Méndez

Albano Alonso: “No hay que hablar de integración, hay que convivir con la discapacidad”

La Eurocámara pidió a España mayor esfuerzo a favor de la inclusión educativa de los menores con discapacidad tras escuchar el testimonio del profesor Albano Alonso, padre de un niño que fue marginado en un centro en La Laguna. Este palmero exigió “que nadie quede atrás” y que no se repita la marginación a la que sometieron a su hijo, tomándose medidas contra las administraciones que vulneren la educación inclusiva.

La educación pública española incumple el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, al tiempo que continúa la “exclusión y segregación”. El modelo mantiene mecanismos de segregación “como los centros de educación especial”. Por este motivo, abogó por derivar los recursos que se destinan a las Aulas Enclave y los centros de educación especial a las aulas ordinarias, para normalizar la discapacidad. “Hay que dejar de hablar de integración y convivir con la discapacidad”.

El 83% de los alumnos con necesidades especiales están integrados en las escuelas ordinarias. Sin embargo, la inclusión no llega ante el pobre esfuerzo de las administraciones. El 72% de los alumnos madrileños con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o sordera están desatendidos, al no aumentar el ratio de maestros de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL).