Un juez ha dicho que no puede obligar al Ayuntamiento de Santa Cruz a proporcionar los Equipos de Protección Individual (EPI) a los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio porque, simplemente, no hay. Otro juez, en Las Palmas de Gran Canaria, ha impuesto una multa de 1.000 euros diarios a la empresa concesionaria, que es la misma que en Santa Cruz, hasta que dote de protección a los trabajadores. En la capital, los profesionales claman por estos equipos más allá de lo que diga un juez, entre otras cosas, señalan, “porque somos potenciales transmisores de la enfermedad y ni siquiera lo pedimos por la seguridad de los trabajadores, que sería lo lógico, sino por la de los usuarios, los más vulnerables en estos momentos”, explican desde el comité de empresa conformado por UGT y CC.OO.
Son 270 trabajadores para atender a 1.500 usuarios y según afirman, solo se les han entregado 80 mascarillas y ni siquiera tienen guantes de un solo uso. “La empresa cobra por este servicio y está obligada a proporcionar los equipos, los tiene que buscar dónde sea”, claman. “Nos fabricamos nuestras mascarillas, nuestras batas de protección con bolsas de basura”, denuncian, y reclaman que, “somos profesionales tan importantes como cualquier otro colectivo que atienden a personas dependientes, por más que intenten hacernos invisibles”. De momento, el Ayuntamiento ha destinado las primeras máscaras que les han llegado a estos trabajadores y está previsto que las siguientes que lleguen también se les entreguen.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas