caso juan luis guerra

Ramón Trujillo: “El informe del caso Juan Luis Guerra evidencia una chapuza monumental”

El examen encargado por el Ayuntamiento sobre el caso desvela que Ángel Alonso no solo confeccionaba este tipo de pliegos, sino que incluso era quien los firmaba
El informe sobre el concierto de Juan Luis Guerra ha puesto al descubierto graves irregularidades. DA
El informe sobre el concierto de Juan Luis Guerra ha puesto al descubierto graves irregularidades. DA
El informe sobre el concierto de Juan Luis Guerra ha puesto al descubierto graves irregularidades. DA

El exgerente del Organismo Autónomo de Fiestas (OAF) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Alonso, rubricó parte del contrato para la actuación de Juan Luis Guerra y Orishas para el Carnaval de Día del año pasado sin tener competencias legales para ello.

Así se desprende de la investigación interna llevada a cabo por la Corporación capitalina sobre este escándalo, que se ha plasmado en un informe elaborado por el instructor del mismo, un funcionario de alto nivel llamado Francisco Clavijo, quien se sorprendió de que Alonso (una apuesta personal de la exconcejala Gladys de León en una decisión no exenta de polémica de la que se ocupó en su día DIARIO DE AVISOS) fuera quien firmase los llamados pliegos de prescripciones técnicas, que es el documento que contiene las instrucciones de carácter técnico con arreglo a las cuales ha de ejecutarse el contrato en cuestión.

De esta forma, en dicho informe se recuerda que las competencias de un gerente del OAF están establecidas en el artículo 9 de los estatutos del propio organismo autónomo y que “entre ellas no se encuentran ni la elaboración, ni la firma de los pliegos de prescripciones técnicas”.

Sin embargo, María José Gómez Padilla, una funcionaria a la que recurrió el instructor por “su reconocida experiencia profesional como técnica jurídica en el OAF, en la tramitación de expedientes de contratación de similar naturaleza” al del caso Juan Luis Guerra, desveló al ser cuestionada por esta falta de competencias por parte del exgerente que, en realidad, se trataba de una práctica generalizada: “No sé en qué se fundamenta. Él en realidad elaboraba los pliegos de prescripciones técnicas, los redactaba él mismo”. A este respecto, hay que recordar dos cosas. Por una parte, que esta tarea está reservada a funcionarios de carrera. Por otra, que desde la perspectiva jurídica la falta de competencia se subsana cuando el documento es aprobado posteriormente por la presidenta del OAF.

“El importe me lo dieron dado”

La técnica de Gestión Jurídica del Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, María del Carmen Vidal Conesa, reconoció ante el instructor de la investigación interna municipal por el caso Juan Luis Guerra que desconocía los motivos por los que hay un desfase económico en la contratación de dicho artista con motivo del Carnaval de Día del año pasado, y que costó más de medio millón de euros a los vecinos de la capital tinerfeña. Cuestionada por el instructor acerca de dicho desfase y de la duplicidad de pliegos (uno se inició a favor de Radio Club por una cantidad y luego se cambió por un particular, Alfredo Moré, por más dinero, Vidal dijo: “A mí lo que se me dice es que no llegó a buen puerto la negociación con Radio Club y que tenía que hacerse con ese otro representante, con Alfredo Moré, y el importe me lo dieron dado, no pregunto por qué sube o no sube, la verdad es que no; no lo sé”, respondió la técnica.

Trujillo: “El informe evidencia una chapuza monumental”

El concejal de Izquierda Unida y líder de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, manifestó ayer que la investigación interna llevada a cabo por la Corporación capitalina a cuenta del llamado caso Juan Luis Guerra “evidencia una chapuza monumental que destroza los mecanismos garantistas previstos por la ley”. Como ya detalló en su edición de ayer DIARIO DE AVISOS, Trujillo (que junto a su compañera de filas Dolores Espinosa denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción), detalla que en dicho informe “se acredita una irregularidad que no evalúa legalmente [el instructor], como es la constatación de la no presentación preceptiva de las facturas antes del abono del primer pago de 250.597 euros”, sobre un total levemente superior al medio millón.

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