La Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha informado este viernes de que a lo largo de 2019 levantaron 826 actas por consumo de estupefacientes en las calles de la capital tinerfeña, frente a las 587 de 2018.
En un comunicado de prensa, el concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento capitalino, Florentino Guzmán, ha valorado este dato pues supone “cuantitativamente”, el mayor número de actas realizadas en los últimos años.
“Un ejemplo más de la profesionalidad y el tesón con el que nuestros policías locales salen a la calle cada día”, ha remarcado.
El concejal ha recordado, además, que la lucha contra el consumo o el menudeo de drogas en el municipio también precisa de la colaboración ciudadana, especialmente porque, “en numerosas ocasiones, además de problemas para la convivencia pueden generar pequeña delincuencia e inseguridad”, ha continuado.
De hecho, muchos de los dispositivos preventivos que realiza la Unipol, ha insistido Guzmán, comienzan con la denuncia de ciudadanos particulares, de asociaciones de vecinos, de pequeños empresarios y como fruto de la colaboración con la Policía Nacional, detalla la nota.
Del análisis de los datos se desprende que el 69 por ciento de las actas levantadas por la Unipol el año pasado estuvieron vinculadas al consumo o tenencia de hachís. En segundo lugar figura la marihuana, con el 15 por ciento; y a continuación la cocaína.
El listado de otras drogas sigue, atendiendo a las cantidades incautadas, con diversos tipos de pastillas, crack, heroína, MDMA y otras.
De acuerdo con el Consistorio tinerfeño, una de las causas fundamentales del incremento de este tipo de actas se encuentra en el trabajo, a plena disposición, de la subunidad canina, con sus cuatro guías y los agentes caninos completamente operativos.
El aumento de este tipo de intervenciones arrancó 2013 con 93 actas. A partir de ahí se han realizado 273 actas en 2014, 334 en 2015, 646 en 2016, 677 en 2017, 587 en el ejercicio de 2018, y 826 en 2019.
Aunque las sanciones por esta cuestión las tramita la Subdelegación del Gobierno, se consideran como infracciones graves, y suelen llevar aparejadas una multa que, como mínimo, se traduce en una cuantía de 601 euros.
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