El Gobierno canario cree que la crisis económica podría durar hasta tres años

“Esto no es para seis meses. Yo soy de los que cree que esto compromete un periodo de 2-3 años con casi toda seguridad”. Así de explícito habló ayer sobre la situación económica Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario durante el primer pleno del Parlamento canario convocado tras la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo. Dos meses en los que la actividad parlamentaria se ha desarrollado de manera telemática.

Con una previsión de desplome del PIB en Canarias que podría rondar el 30%, la economía fue ayer una de las cuestiones centrales del pleno. Empezó las críticas la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino. Dirigiéndose al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, Espino volvió a hacer de defensora de los autónomos, un colectivo al que su partido -y ella- apela constantemente, como si su esfuerzo simbolizara el credo liberal. Al otro lado, según esta cosmovisión, estarían los alegres cigarrones socialistas. “¿Sabe cuantos autónomos han cobrado el 30% del complemento por cese de actividad que su Gobierno aprobó?”, preguntó Espino. “Cero, han tardado un mes en abrir el plazo”, se contestó a sí misma Espino, que afirmó que este colectivo necesitaba “liquidez” porque el 75% de los créditos ICO que habían pedido estaban denegados o en el limbo. “Con este paso de tortuga va a terminar matando a este colectivo”, afirmó.

“Ha sido la propia patronal de los autónomos la que ha reconocido el valor de ese complemento del 30%”, le respondió Torres, que también reivindicó la “premura” de la Administración autonómica para tramitar los más de 30.000 ERTEs que ha provocado la crisis originada por el coronavirus.

Pero en Canarias, hablar de dinero es siempre hablar del Gobierno central y de si cumple o no cumple con las islas. Y allí hubo ayer un ‘clinch’ entre la la portavoz del PP, Australia Navarro y el presidente. Navarro le dijo a Torres que la reunión que esta semana había mantenido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había sido un “fracaso”. “Nada de nada. La ministra le despachó”. Y como Torres le dijo que estaba faltando a la verdad, ella pidió el turno para defenderse. Pero no le dejaron y se enfadó.

Volvió a la carga luego Fernando Enseñat, diputado del PP, que afirmó que había deuda pendiente con Canarias de 1.500 millones. “El dinero por derechos reconocidos, reclamables, en el presupuesto de 2019 son 4.476 millones de euros, de los que hemos recibido 4.323”, le contestó Román Rodríguez. “Solo hay un contencioso pendiente: las consecuencias del mayor incumplimiento de la historia de maltrato del Gobierno de España con Canarias, que fue la suspensión unilateral del convenio de carreteras [ejecutada durante el Gobierno de Mariano Rajoy durante la anterior crisis]. “Nosotros no vamos a renunciar, mientras me queden fuerzas, y ando bien, a un solo euros de los que le corresponden a esta tierra, gobierne quien gobierne en España”, afirmó el vicepresidente en respuesta al diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, apelando a esa pulsión nacionalista que ha terminado naturalizándose en el Gobierno.

Rodríguez afirmó que Canarias prevé perder en ingresos 1.547 millones de euros. Para compensarlos, explicó, solo hay dos vías: “O que nos transfieran esos fondos o que nos permitan endeudarnos”. Justo lo que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera anunció por la tarde: que Canarias tendrá una partida total de 2000 millones fruto de sumar la suma de la autorización para usar el superávit de la Comunidad Autónoma de 2019, con 389 millones; entre 600 y 700 millones del fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno central va a dar a las autonomías; la posibilidad de generación de déficit público por valor de 300 millones y otros 600 millones para cabildos y ayuntamientos que vendrán del “remanente, superávit u otras opciones”, según Olivera.

Rodríguez defendió las orientaciones marcadas por el actual presupuesto, pues “el 83% del presupuesto está destinado a Sanidad, Educación y Derechos Sociales”, que son partidas que el Ejecutivo pretende reforzar tras la crisis originada por el coronavirus. También se mencionó el pacto de reconstrucción de la economía canaria, donde el Gobierno volvió pedir el consenso y el trabajo conjunto de los grupos. En ese ámbito, los diputados de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero y Francisco Déniz apelaron a la necesidad de un cambio de modelo productivo y a no depender exclusivamente del turismo. Tanto Torres como Rodríguez cogieron el guante a medias. El presidente apeló a la transición ecológica, la economía circular y el programa de investidura. Rodríguez habló de teletrabajo y consumo local y responsables, de “enseñanzas y oportunidades que nos puede dar la crisis”. Pero el turismo representó el año el 35% del PIB del año pasado. Y nadie parece que tenga muchas ganas de cuestionar ese statu quo en un momento tan incierto.