Tribunales

La Audiencia constata que Ángeles Palmero no incurrió en delito alguno

La Justicia descarta así, definitivamente, las pretensiones de la empresa querellante y que la entonces directora general de Comercio del Gobierno de Canarias denegase incorrectamente una licencia

La empresaria Ángeles Palmero. DA

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso formulado por la empresa Tropicana Atlántico SL contra el archivo de una causa en la que, finalmente, la Justicia ha comprobado que la empresaria Ángeles Palmero no incurrió en delito alguno cuando, siendo directora general de la Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, denegó una licencia comercial a dicha firma respecto a una parcela situada en Adeje y que, finalmente, fue concedida a Leroy Merlin España.

Es más, dicha negativa de Palmero se basó en un informe desfavorable fechado el 29 de diciembre de 2016 por los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, y que, en todo caso, como recoge ahora la sentencia, su decisión no era vinculante, por cuanto la última palabra es la del consejero autonómico.

A este respecto, la decisión judicial es clara cuando afirma que “ni existen elementos de convicción suficientes que amparen la imputación de cooperadora necesaria que se le atribuye a la querellada. Ya que la cooperación necesaria supone la contribución al hecho criminal con actos sin los cuales este no hubiera podido realizarse, diferenciándose de la autoría material y directa en que el cooperador no ejecuta el hecho típico, desarrollando únicamente una actividad adyacente, colateral y distinta, pero íntimamente relacionada con la del autor material de tal manera que esa actividad resulta imprescindible para la consumación de los comunes propósitos criminales asumidos por unos y otros, en el contexto del ‘concierto previo”. En realidad, la Fiscalía califica la decisión de Palmero como una mera “propuesta”.

Sin embargo, la empresa en cuestión optó por llevar el asunto a los tribunales, que reiteradamente han descartado algún tipo de responsabilidad penal por parte de la entonces directora general del Gobierno de Canarias.

Así ocurrió en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que decretó el sobreseimiento parcial de esta causa en abril de 2019, y que ahora avala la Audiencia Provincial tinerfeña, que es firme.

Resta recordar, como se recoge en la sentencia, el parecer de la Audiencia Provincial respecto a este asunto: “En el caso de autos, no se constata de manera patente e incuestionable una actuación injusta de la investigada, que requiere, no solamente que la actuación haya sido sea ilegal o contraria a una resolución judicial concreta, sino que, además, sea arbitraria, presupuesto que no concurre, al no poderse calificar la propuesta de resolución irrazonable, voluble o fútil (al margen de su acierto o desajuste a derecho, que, como ciencia no exacta, permite dispares entendimientos o interpretaciones), lo que conduce a desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida”.