Las direcciones regional e insular del PSOE anunciaron ayer la apertura de un expediente para crear una Gestora en la Agrupación local de Arona y dar traslado a la dirección federal. En un comunicado firmado por los secretarios de Organización en Canarias, Jorge González, y en Tenerife, Josefa Mesa, se indicó que “ante las reiteradas negativas del secretario general de la Agrupación, José Julián Mena, a acatar las instrucciones que le han sido transmitidas por los órganos de dirección de este partido a nivel federal, regional e insular, informamos de la puesta en marcha de los procedimientos normativos correspondientes para aplicar las medidas orgánicas cautelares que garanticen el cumplimiento de los estatutos y reglamentos del PSOE”.
El anuncio llega justo tres semanas después de que los órganos de dirección socialista pidieran tanto al alcalde como al exedil de Urbanismo, Luis García, que entregaran sus actas y abandonaran el Ayuntamiento después de la crisis abierta en el grupo de Gobierno municipal, actualmente fracturado por la mitad, a raíz de la destitución de este último por “pérdida de confianza” el pasado 22 de junio.
Asimismo, el PSOE expresa su “absoluto repudio a las manifestaciones efectuadas en medios de comunicación por el presidente de la Agrupación Socialista de Arona, Agustín Marichal, cuestionando la honorabilidad y la buena reputación del compañero Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, y amenazando con incidir en esta actitud desestabilizadora. Un comportamiento a todas luces inadmisible, irresponsable y desleal con el compromiso colectivo e individual de quienes integramos y defendemos los valores de esta organización política.”
El anuncio de creación de una gestora en Arona, que supondrá el relevo de la dirección del partido en el municipio, no coge de sorpresa a ninguno de los dos sectores enfrentados y abre un nuevo escenario con varios interrogantes por despejar, entre ellos qué persona se colocará al frente de este órgano. A nadie se le esconde que su designación será clave para timonear la crisis y ese proceso podría hacer saltar algunas chispas entre la dirección regional y la tinerfeña.
En las quinielas aparece el nombre de Yolanda Mendoza, diputada regional aronera, que se ve con buenos ojos en el entorno de Ángel Víctor Torres, ya que supondría reposicionar al PSOE aronero en la órbita de la secretaría general (agrientando así el lobby de los alcaldes del Sur, que ha capitalizado un histórico poder en la organización), aunque sus partidarios también temen que pueda quemarse como posible candidata a la Alcaldía en 2023. En cambio, el círculo más próximo a Pedro Martín no cree que la aronera sea la propuesta más indicada para coger las riendas de la principal agrupación socialista del Sur.
José Julián Mena y su entorno guardaban ayer un mutismo absoluto y evitaron pronunciarse sobre el comunicado del PSOE. La creación de una gestora y la apertura de medidas cautelares contra el alcalde planeaba desde el 11 de julio, el día en que el partido pidió, tanto al regidor como al exedil de Urbanismo, que entregaran sus actas de concejal y abandonaran el Ayuntamiento. El regidor advirtió entonces de que no tenía ninguna intención de marcharse, amparándose en los votos, que él mismo definió como la “esencia de la democracia”, y en sus “manos limpias”. La lista que encabezó en 2015 acabó con la hegemonía de Coalición Canaria -aunque fue necesario un pacto con Ciudadanos por Arona-, y el año pasado obtuvo mayoría absoluta al sumar 14 concejales de los 25 que conforman la corporación. Por su parte, García anunció, tres días después de que le pidieran que se marchara, que dejaba su acta de concejal en manos del partido.
Mena afronta una carrera de obstáculos. Además de tener enfrente a siete concejales de su partido (José Luis Gómez, Juan Sebastián Roque, Dácil León, Pura Martín, Elena Cabello, Yurena García y el propio Luis García), las direcciones federal, regional y tinerfeña le habían puesto la proa desde hace casi un mes.
Las dudas comenzaron con dos reuniones de alta tensión del gobierno local, con su alcalde a la cabeza, con Ángel Víctor Torres y Pedro Martín, y se acrecentaron posteriormente tras la ronda de encuentros individuales mantenida por el enviado especial de Ferraz, Santos Cerdán, secundado por los secretarios de Organización regional e insular, Jorge González, y Josefa Mesa, respectivamente.
Por si fuera poca la fuerza de gravedad para propiciar un relevo en la Alcaldía, el presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y diputado regional, Casimiro Curbelo, fuerza política clave en la conformación del Gobierno de Canarias, también le ha puesto la cruz al alcalde, al que acusó de filtrar una conversación privada horas después de que su partido le comunicara que entregara su acta. “No solo no lo voy a fichar, sino que debería dimitir”, llegó a afirmar el líder gomero, enemigo irreconciliable de Agustín Marichal, presidente del PSOE aronero y empresario.
Precisamente, unas declaraciones de este último en las que ponía en tela de juicio la profesionalidad de los trabajadores del Ayuntamiento generó una reacción de la oposición -excepto Sí Podemos Arona-, que presentó una moción en el pleno municipal para pedir la reprobación del alcalde al entender que Mena no había sido lo suficientemente contundente en la defensa de los empleados y en condenar las palabras del presidente de los socialistas aroneros. Horas después, el alcalde recordaba que, desde el momento en que Marichal realizó las declaraciones, había defendido hasta en tres ocasiones la profesionalidad de los trabajadores.
sector empresarial
A Mena también le ha declarado la guerra un sector empresarial, cuya cabeza más visible es Diego Cano, propietario del centro comercial Artslife, en la Punta del Camisón, actualmente paralizado y precintado por orden del Ayuntamiento al incumplir, presuntamente, la normativa municipal.
Una supuesta permisividad del exconcejal Luis García con este edificio le costó el puesto, según argumentó la Alcaldía. La Fiscalía provincial de Medio Ambiente confirmaba el 7 de julio que abría una investigación de oficio para comprobar si se produjeron irregularidades en la tramitación del inmueble, lo cual supuso un balón de oxígeno para Mena en su pulso con Luis García, que también se ha personado en los juzgados de Arona con documentación que, supuestamente, podría comprometer al entorno del alcalde.
Otro de los actores en la sombra en la crisis municipal ha sido el alcalde de Adeje y presidente del partido, José Miguel Rodríguez Fraga, que ha intervenido como mediador y que llegó a participar en alguna de las reuniones con Torres, Martín y Mena. En una de sus escasas declaraciones públicas sobre la crisis, el pasado 30 de julio, Fraga ya descartaba una “solución de reconstrucción”.
A los concejales que apoyan al regidor aronero (Leopoldo Díaz, Raquel García, Francisco Marichal, Julia Morales, Ruth Lorenzo y José Alberto Delgado) les ha costado disimular su decepción por la forma en la que se ha gestionado la crisis municipal por las direcciones insular y regional y en un momento dado llegaron a amenazar con convertirse en el “problema” si el partido optaba por expulsar a Mena. “En ese caso los siete críticos seríamos nosotros”, advirtió una de sus voces en declaraciones a este periódico.
Tanto Ángel Víctor Torres como Pedro Martín han insistido estos días en que la decisión estaba tomada por la Ejecutiva Federal, regional e insular, es decir, Mena y García debían marcharse, aunque ambos dejaron la puerta abierta a otra solución pactada entre los dos sectores. “Si hay una propuesta mejor, por supuesto que será escuchada”, manifestó el pasado 27 de julio Torres, justo después de una reunión con alcaldes socialistas de toda Canarias, a la que asistió el representante de Arona, con quien se le vio intercambiando algunas impresiones al final.
La espantada de los concejales críticos en el pleno del 30 de julio colocó a los pies de los caballos al alcalde, que sufrió las consecuencias de la nueva minoría absoluta, tanto en las intervenciones de los grupos de la oposición, como en las votaciones. La ausencia de los siete ediles, que horas antes se habían dado de baja del grupo de wasap del Gobierno local, evidenció, por si quedaba alguna duda, que las posturas entres los dos sectores ya eran irreconciliables y que el Ayuntamiento entraba en una situación de ingobernabilidad.
Así, Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos por Arona, Ciudadanos y Sí Podemos Arona lograron reprobar al alcalde por “tardar una semana” en rechazar las declaraciones de Agustín Marichal, en las que ponía en tela de juicio la profesionalidad de los trabajadores públicos. Además, rechazaron la propuesta de la Alcaldía de crear el puesto de director de Urbanismo como autoridad máxima en este área. Fue la gota que colmó el vaso.
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