“No logramos ser puntuales del todo”, decía ayer el portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, 15 minutos después de lo previsto para comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y es verdad, no son muy puntuales, pero la sala estaba ayer casi completa, porque el Gobierno decidía la fecha del comienzo de curso, que finalmente será el próximo día 15. En todas las islas. Junto a Pérez estaba sentada la consejera de Educación, Manuela Armas.
Ese día 15 comenzarán los alumnos de Educación Infantil y Primaria. El 16, los de Secundaria. Y el 17, el resto de enseñanzas. “La clase no es un lugar menos seguro que cualquier otro espacio de la sociedad, al contrario”, afirmó Armas. “Entendemos que se ha puesto una batería de medidas de seguridad que todos los centros están terminando de adaptar con sus planes de contingencia y, además, van a estar ‘vigilados’ porque los profesores comprobarán y harán lo posible para que esas medidas se cumplan”. En Infantil y Primaria habrá ‘grupos burbuja’, unidades de convivencia estables de alumnado y profesorado que no estarán en contacto con otros grupos. La mascarilla será obligatoria a partir de los seis años.
El Gobierno considera fundamental que los alumnos vuelvan a las aulas después de que las clases presenciales tuvieran que suspenderse el pasado 13 de marzo, un día antes de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central. “Si la salud y la economía son fundamentales, también lo es la educación”, defendió Julio Pérez. “Las aulas no se pueden sustituir de ninguna manera”, apuntó Manuela Armas en defensa de la presencialidad.
Hace unos días, la consejera abrió la posibilidad de que el curso no empezara el mismo día en las islas donde se han concentrado los rebrotes más importantes, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. Pero el Ejecutivo regional ha tomado esta decisión después de reunirse con el comité científico que le asesora en el control de la pandemia. “No hemos cambiado de opinión, dijimos que la decisión final se tomaría el día 10”, afirmó Armas. La medida más novedosa serán la PCR que se van a hacer en los primeros días de clase a los alumnos y profesores de las zonas más afectadas por los rebrotes, fundamentalmente Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, siempre con la autorización de los progenitores o tutores.
La consejera también explicó que se había reunido ayer con la plataforma de directores y directoras de los centros de Secundaria de Canarias, que había solicitado un retraso en el comienzo de las clases para disponer de más tiempo en la adaptación de los centros y con dudas sobre los planes de contingencia, los cuales son una adapatación del protocolo general de la Consejería -aprobado por Sanidad y por el Departamento de riesgos Laborales de Educación- y serán finalmente validados por los inspectores de zona. “Yo creo que se quedaron más tranquilos cuando se fueron de la reunión de lo que estaban cuando llegaron”, afirmó Armas.
Por otro lado, el lunes ya estarán incorporados los 2.500 profesores extras que la Consejería ha incorporado con contratos trimestrales que se irán renovando en función de las necesidades que marque la pandemia.
En muchas comunidades de España ya han comenzado las clases y se han producido los primeros casos de contagio detectados y de aislamiento de algún grupo escolar. Según recordó Armas ayer, habrá un coordinador COVID en cada centro escolar y se establecerá una relación muy directa entre colegios e institutos y los centros sanitarios de la zona. En caso de contagios, serán las autoridades sanitarias las que decidan cómo actuar.
En términos generales, el portavoz del Gobierno regional reconoció que había datos “preocupantes” sobre la pandemia. Los contagios comunicados ayer, 238, fueron menos que el día anterior, pero muy superiores a los de las primeras etapas de la nueva normalidad. Sin embargo, Pérez destacó que se están haciendo más pruebas de detección que nunca, con más de 4.000 en el día de ayer. También han comenzado los cribados, análisis aleatorios que se están haciendo en zonas especialmente afectadas para ver la incidencia real de la enfermedad. Por ahora, han empezado a hacerlos en La Isleta, uno de los barrios con más contagios de Gran Canaria. De las 291 personas citadas para hacerse la prueba antes de ayer, acudieron 268. Cuatro habían pasado ya la enfermedad y una dio positivo. Una seropositividad en COVID inferior al 2%. “Avanzamos en el conocimiento de la enfermedad, aunque no puede disminuir el nivel de preocupación”, aseguró Pérez.
También relacionado con el coronavirus, pero en el ámbito económico, está el Pacto de Reactivación. Según el portavoz, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, que es la persona al mando de esa nave, anunció en el Consejo de Gobierno que en los próximos días enviará una “formulación definitiva” del Pacto con algunas cantidades económicas más precisas para que se pueda compartir con los agentes sociales, partidos políticos y Parlamento. Hace unos días, CC, que firmó el primer documento, amenazó con “darlo por muerto” si no se presentaba en dos semanas. Ahora bien, Pérez aclaró que todavía faltan por saber con concreción los fondos europeos que llegarán a Canarias para poner en marcha los proyectos de reactivación.
Los que ya deben estar activos son los operarios que colocarán las 400 mamparas de protección para funcionarios del Servicio Canario de Empleo (SCE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ayer, la Consejería de Economía informó del contrato 149.372 euros para suministrar este tipo de protección a los empleados públicos. Si algo se ha movido en la economía estos meses, es todo lo que sirve para proteger la salud.
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