A nadie se le escapa que el retorno de, aproximadamente, 162.000 alumnos a las clases supone un considerable riesgo para la evolución de la pandemia en Canarias, que de por sí no es la más deseable al no decaer los brotes en islas como Gran Canaria, donde ayer mismo se conocieron los acaecidos en lugares como la planta de paliativos del Hospital Insular o un módulo de reclusas del Centro Penitenciario Las Palmas II.
Pero igualmente resulta obvio que esa vuelta a las aulas, que comienza hoy de forma generalizada en el Archipiélago, con algunos aplazamientos puntuales, es una prueba ineludible tras seis largos meses de ausencia de un factor fundamental para la docencia como es la presencialidad de la misma, algo que tampoco nadie discute.
Por todo ello, dada la importancia máxima de recuperar la normalidad en la educación pese al peligro que conlleva, desde las distintas administraciones se suceden en los últimos días las medidas de apoyo para que todo vaya bien dentro de lo posible, resultando notable la implicación municipal en unas tareas que comanda, como es su competencia, el Gobierno de Canarias.
Pese a que los distintos sectores implicados (por no decir la sociedad canaria en su conjunto, incívicos aparte) muestran sus dudas sobre si se ha preparado de forma conveniente este retorno a las clases, se atisba un afán de aportar que resultará imprescindible a la hora de que todo vaya lo mejor posible, siempre teniendo en cuenta que pronto tendrán lugar los primeros casos en que la detección de positivos obligue a cerrar clases, cuando no centros educativos al completo. Esas críticas llegan, particularmente, desde los representantes de los docentes (algunas más descarnadas, como las del STEC, otras con un tono más prudente, como las del sindicato mayoritario, ANPE) y desde los portavoces de las asociaciones de los progenitores, y en ambos casos coinciden en lamentar lo que consideran como improvisación y falta de recursos.
Respecto a tales críticas, cierto es que se han contratado profesores para afrontar las nuevas e inevitables ratios por aula, pero no en número suficiente, como tampoco se ha impulsado la reclamada figura del enfermero escolar en cada centro educativo dada la carencia de profesionales actual para hacer frente a esta demanda sin que afecte a la sanidad isleña.
Sea como fuere, lo que toca hoy (y en los próximos días) es arrimar el hombro como sociedad para que todo vaya lo mejor posible, porque en juego está no solo la salud de muchos isleños (casi 200 han muerto ya por esta pandemia) sino la economía de todos los canarios.
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