Franco, una asignatura pendiente en Santa Cruz

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado martes, el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. La norma, que arranca ahora su tramitación, avanza en la senda que ya abrió la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre las numerosas cuestiones que recoge el anteproyecto, contempla la recuperación del Valle de los Caídos para su gestión por parte de Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo.

Si en Tenerife hay un ejemplo extrapolable es el conocido como el Monumento a Franco de la capital santacrucera, ubicado en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga y el principal reconocimiento que la ciudad le hizo al Franco. No es el único espacio relacionado con el franquismo pendiente por resolver su futuro en la capital, pero sí el más polémico. El conjunto escultórico ha sido objeto de ataques con pintura, de hecho aún muestra las huellas del último, e intensos debates entre la sociedad capitalina y las instituciones sobre su futuro, pero el proceso que se había arrancado para decidir qué hacer con este monumento quedó paralizado con la irrupción de la pandemia y la urgente gestión de la crisis sanitaria y social.

Durante el pasado año, con el anterior equipo de Gobierno local y con Matilde Zambudio (Cs) al frente del área de Patrimonio, ya se había dado a conocer el informe que se había encargado en 2018 sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en el municipio, y dirigido por la catedrática en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna María Isabel Navarro. Una de sus principales conclusiones es que el Monumento a Franco es ilegal y, por tanto, se insta a su retirada.

Tras conocerse ese informe, todos los grupos políticos del Ayuntamiento acordaron por unanimidad, a finales de 2019, solicitar un informe jurídico sobre cómo actuar respecto al futuro de dicho monumento. Esto fue lo último que se abordó en cuanto a este tema.

Ahora, el nuevo Gobierno local al frente del Consistorio chicharrero quiere retomar los trabajos y su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), afirma que “hay que tomar una decisión en este mandato, porque hay una ley que dice lo que dice, así que en este mandato se debe tomar una decisión”; aunque no específica cuál es la solución que prefiere el equipo de Gobierno, si el traslado del monumento, su demolición o su resignificación.

“Nuestra línea de trabajo es el cumplimiento de la ley, la única duda es si la ley permite o da algún resquicio legal que permita el mantenimiento, la resignificación, etcétera.., pero no seré yo quien diga si la ley lo permite o no -afirmó Bermúdez-, sino, en primer lugar, los servicios jurídicos del Ayuntamiento; y, en segundo lugar, este tema se va a llevar a debatir a la Comisión de Memoria Histórica que está creada”, y de la que forman parte los grupos políticos del Ayuntamiento, las asociaciones de memoria histórica, el cronista de la capital, asociaciones que defienden la historia de la ciudad…

El alcalde señaló que la comisión “no se había reunido aún en este año, así que lo primero que he hecho es reunirme personalmente con la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, con su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, y determinamos reunir a la comisión y que sea ahí donde, con el asesoramiento legal de la Corporación, se tomen las determinaciones”. Un encuentro que podría tener lugar a finales de este mes o principios del que viene, según apuntó.

Mercedes Pérez Schwartz ha defendido en el pasado que “ese monumento nunca ha sido Bien de Interés Cultural (BIC), y debe ser retirado del lugar donde lo ubicaron”.

Asimismo, Bermúdez añadió que “también nos gustaría contar con el asesoramiento de la recién constituida Comisión de la Memoria Histórica por parte del Gobierno de Canarias, y que preside Julio Pérez, que ha sido teniente de alcalde este Ayuntamiento y estoy convencido de que no tendrá ningún inconveniente en que podamos hacer una reunión conjunta de las dos comisiones, porque es un tema lo suficientemente importante como para hacerlo”.

Respecto a cuál es la solución que defiende el Gobierno local, el alcalde santacrucero insistió en que “lo vamos a decidir en la comisión, debemos de buscar un consenso amplio, por lo menos de los integrantes de la comisión a la hora de tomar una determinación, y, posteriormente, explicar bien y hacer una función didáctica importante”. “Nadie duda de que aquello es un monumento a un dictador, nadie duda de que se hizo para eso, que se puso conmemorando eso -continuó-, y ahora lo que hay que hacer es aplicar la ley en todos sus términos e intentar que los expertos, tanto desde el punto de vista histórico como legal, pues nos den un camino. Y luego hay que hacerlo, yo jamás me he separado del cumplimiento de la ley en todos mis cargos públicos que he estado”.

Respecto al estudio dirigido por María Isabel Navarro, en el que una de las principales conclusiones es que el Monumento a Franco es ilegal y, por tanto, se insta a su retirada, el alcalde afirmó que “es una opinión experta que hay que valorar con los integrantes de la comisión y tienen que poder dar su opinión respecto al estudio”. “El estudio se encargó cuando yo estaba de alcalde, es una opinión experta, y ahora la comisión tiene que valorarlo -continuó-, porque que yo sepa ni si quiera las personas que han hecho ese estudio han podido explicarlo a la comisión, y creo que lo primero que tenemos que hacer es que puedan explicar cómo lo hicieron, cuáles son sus conclusiones y que los miembros de la comisión puedan hacer las correspondientes preguntas”.

PATRIMONIO INCÓMODO

Cabe recordar que este informe también recoge en su conclusiones que el conjunto escultórico debe ser retirado del espacio público para ser custodiado en dependencias municipales sin posibilidad de ser exhibido públicamente. La solución que proponen, y que es extensible a todo el patrimonio que incumple la Ley de Memoria Histórica en el municipio, es que “todo este proceso de revisión de los patrimonios incómodos del pasado debería permitir su instalación en un parque público con la contextualización necesaria acerca de su valor artístico y su sentido histórico y cultural”.

En cuanto al informe jurídico que el anterior Gobierno local había solicitado a finales del año pasado para definir las opciones que existen para actuar sobre el monumento y cumplir con la ley, el alcalde indicó que “no sé si se llegó a solicitar, pero desde luego no se ha emitido aún, y no lo conozco, a mí no se me ha trasladado…” “Lo pediremos de nuevo, o que lo terminen si es que lo estaban haciendo. En cualquier caso, es importante contar con el asesoramiento del servicio jurídico, y eso es lo que queremos hablar en la comisión, y queremos establecer una hoja de ruta”, apuntó.

Junto a este símbolo que es, sin duda, el más reconocido en la ciudad en lo referente al franquismo, el informe también analizó la presencia de otros, como escudos, placas, lápidas, esculturas y objetos, así como de nominaciones de edificios. De esta forma, se insta a la retirada de escudos como el de la Comandancia de Marina, las placas de barriadas como las de Somosierra o el CEIP García Escámez, barrio este último en el que también se localiza el arco de entrada que conmemora su construcción y honra al general que le da nombre, y que el estudio considera que incumple la ley.

Respecto a este informe, la Junta Republicana de Canarias y las organizaciones adherentes remitieron esta misma semana un comunicado en el que exigen “una vez más que se cumpla ya con el deber democrático y se proceda acorde con lo dictaminado en el exhaustivo estudio elaborado por el equipo de investigación dirigido por la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro”. Asimismo, “señalamos que estamos dispuestos a exigir ante las autoridades judiciales las responsabilidades oportunas que fueran necesarias en caso de que se siga incumpliendo con las leyes de memoria histórica y con la reclamación de los y las demócratas”.

UN CONJUNTO ESCULTÓRICO INAUGURADO EN 1966

Santa Cruz de Tenerife, 1966. El ministro de Comercio de la época, Faustino García Moncó, fue el designado por Franco para representarle en la inauguración de la escultura de Juan de Ávalos, y que oficialmente se denomina el Ángel de la Victoria. Un conjunto escultórico que representa a un ángel volando con las alas extendidas, el avión Dragon Rapide, en el que partió Franco, el 18 de julio de 1936, desde la base de Gando a Marruecos, para ponerse al frente del Ejército de África, lo que se considera el acto inaugural de la Guerra Civil. La espalda del ángel sostiene una figura masculina, Franco, que a su vez empuña una espada en forma de cruz cristiana, semejando al Ángel de la Paz que dos años antes realizó el mismo escultor en el Cerro de las Aguzaderas, Valdepeñas (Ciudad Real). Un acto que recogió el No-Do en marzo de 1966, cuando se hizo eco de su inauguración, pudiéndose ver el vídeo en Youtube y en el que se constata cómo la inauguración de tan monumental fuente fue una “adhesión” del pueblo tinerfeño al “jefe del Estado”.