La pandemia lo ha alterado todo. Y una de las cosas fundamentales ha sido la Educación que reciben la infancia y la juventud en Canarias. La próxima semana, el día 15 de septiembre, vuelven las clases presenciales a todas las islas, según anunció el jueves por la tarde, tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Manuela Armas. Pero en esa inmensa comunidad que forman profesorado, alumnado, progenitores-tutores y personal laboral de distinto tipo hay aún “incertidumbre” y “preocupación”. Casi todos creen que todavía faltan por cerrar algunos flecos para tener los centros preparados. Y hubieran preferido un poco más de tiempo.
Hace unos días, Armas no descartaba retrasar el inicio de las clases presenciales en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, donde los rebrotes han tenido más incidencia. Por eso, “es una sorpresa que hayan decidido que el comienzo sea presencial en todas las islas”, afirma Josefa Méndez, presidenta de Confapa Canarias, confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos, “Además, la sensación era que los centros no llegaban a tiempo de estar preparados”. Según Méndez, hay “incertidumbre y miedo” entre madres y padres porque no han recibido suficiente información. “Dependemos mucho de la iniciativa que tenga cada equipo directivo, y hay algunos que son muy activos y otros que menos”.
La Consejería afirma que el protocolo elaborado por ellos es la base para los planes de contingencia de cada centro, que luego habrán de ser validados por el inspector de zona, pero Méndez considera que ha habido mucho retraso en el proceso. “Nosotras sabemos que la situación no es fácil, pero llevamos con esto desde marzo. Y es tiempo suficiente para haber preparado las cosas bien. Al final, tuvimos que terminar reuniéndonos por nuestra cuenta con los sindicatos del profesorado y del alumnado”, afirma. “Y hay dudas en temas de transporte, comedor, acogida temprana, posibles bajas del profesorado, etc”. Eso sí, Méndez reconoce que será el inicio de la presencialidad lo que permita ver por dónde fallan los protocolos.
“La Consejería se ha tomado su tiempo, quienes no lo hemos tenido somos nosotros, que estamos en la trinchera”, afirma Francisco Santana, de la plataforma de directores y directoras de los centros de Secundaria de Canarias. Hace unos días, este colectivo se negaba a comenzar las clases. Pero luego tuvieron una reunión con la consejera Armas, que se comprometió a satisfacer algunas de sus demandas. “Si hubiéramos tenido toda la información en julio… Pero es que han empezado en septiembre, y a cuentagotas”, afirma Santana. Los primeros días de clase en Secundaria, que empieza el día 16, los dedicarán a labores informativas. “Hasta el 21 no comenzaremos con el horario lectivo normal. 16, 17 y 18 serán de presentación escalonada por grupos contándoles cómo nos vamos a organizar en el centro a lo largo del curso. También queremos chequear el nivel de conectividad del alumnado para cuando haya que hacer enseñanza virtual”.
Santana también reconoce que la Consejería se ha comprometido a darles 1.500 euros para material de protección, como geles hidroalcohólicos, mascarillas, señalética, termómetros, que hasta ahora han tenido que pagar con dinero del centro. También se han comprometido a seguirles suministrando material. Según Santana, ya se están terminando de incorporar los nuevos profesores contratados . “Pero queda un tema que nos preocupa, el de los dispositivos, la conectividad y la brecha digital, que estamos en pañales. Todavía no disponemos de una plataforma de comunicación virtual bajo el paraguas jurídico de la Consejería. Por ahora, dependemos de laas plataformas con las que trabaja cada centro”.
Ese tema “preocupa” especialmente a la Unión de Estudiantes de Canarias, cuyo portavoz, Idafe Hernández, afirmaba ayer que esta brecha digital es algo muy relevante si “vamos a tener un curso intermitente donde habrá épocas con clases virtuales. Hay que garantizar el derecho a la educación. Y para eso hay que formar también al profesorado y al alumnado en este tipo de enseñanza”.
En el lado sindical, el representante de ANPE, Pedro Crespo, se quejaba ayer en la televisión autonómica canaria de que no se haya producido “una adaptación al puesto de trabajo del personal especialmente sensible” a la enfermedad. “Una cosa son las medidas de seguridad del centro y otra la adaptación”, afirmaba al mismo tiempo que decía que “los grupos burbuja no nos dan ninguna garantía”. Crespo se mostró sorprendido por que se iniciaran las clases presenciales en las islas más afectadas por los rebrotes y aseguró que hay “centros donde no se dan las garantías” para que comiencen las clases.
En el ámbito político, la diputada de Coalición Canaria, Beatriz Calzada, afirmó que le preocupa la falta de consenso en la comunidad educativa sobre el comienzo de curso. “Es importante que el Gobierno no se equivoque en su decisión, pero si lo hace, no será porque tanto la comunidad educativa como nosotros no le hemos advertido desde hace semanas de la necesidad de tomar decisiones”, afirmó. Calzada criticó al Gobierno regional por no haber reducido las ratios de alumnos por aula, pidió incorporar la enfermería a los centros educativos y reforzar los procesos de digitalización. También afirmó que no han cambiado los datos de contagio en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. “Sería conveniente un mensaje tranquilizador, para docentes, alumnos y familias, explicándoles con más detalle ese cambio de criterio”. El jueves, la consejera Armas afirmó que la decisión se había tomado después de escuchar al comité científico que asesora el Gobierno autonómico en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, para la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, “es poco prudente iniciar las clases presenciales en determiandos barrios de Las Palmas de Gran Canaria”. Espino pidió más dinero para que los centros compren material de protección y planteó si no serían convenientes pruebas PCR a alumnado y profesorado en todos los centros, previas al comienzo de curso, y no solo en zonas con rebrotes durante los primeros días de clase, como tiene pensado hacer el Gobierno canario. Una demanda que también hacía ayer Australia Navarro, del PP.
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