Diario de Avisos / Agencias
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, avisó de que con los datos actuales de Covid-19 en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro los colegios no podrían reabrir sus puertas si la vuelta a las clases fuera hoy, por recomendación sanitaria, en comparecencia ante la comisión parlamentaria de Educación para debatir sobre el inicio del curso.
Armas apoyó las declaraciones del presidente, Ángel Víctor Torres, que señaló que el día 10 se decidirá si el curso escolar arranca con normalidad o con restricciones en el Archipiélago cinco días después. “La pandemia no la controla ni el presidente, ni el rey de España, ni el Papa. El 10 se tomará la decisión, es lo lógico, no sé qué improvisación o disparate encuentran”, espetó a los diputados más críticos. Insistió en que los centros educativos no son un punto de “riesgo cero”, porque ningún lugar lo es. “Recordemos que muchos niños y niñas se han contagiado en sus propias casas”, apuntó. Armas resaltó el “gran papel” realizado por el Ejecutivo regional para diseñar un protocolo de vuelta a las clases diseñado por la Consejería de Sanidad con apoyo de Educación y aunque “nadie está libre del virus”, sostiene que “se han puesto todas las medidas necesarias para minimizar riesgos”.
El objetivo es lograr la presencialidad en todos los ciclos educativos -con desdoblamiento de turnos de tarde donde sea necesario-, subrayando que en Secundaria se guardará la distancia de 1,5 metros y en Infantil y Primaria se optará por los grupos burbuja, con todos los alumnos con mascarilla obligatoria, la dispensación de gel desinfectante en el transporte escolar con un asiento asignado para cada alumno para facilitar el rastreo en caso de registrarse un positivo, la toma de temperatura dentro del aula, la ventilación de todos los espacios y el lavado de manos obligatorio al menos cinco veces al día. Además, habrá recreos escalonados con espacios parcelados y mamparas en los comedores para aislar a los grupos burbuja.
La consejera recomendó a las familias que pongan nombre a las mascarillas para evitar confusiones y que también midan la temperatura a sus hijos antes de salir de casa, “no pueden llevarlos al colegio si presentan fiebre”.
Otra de las medidas planteadas es la contratación de más profesores por periodos trimestrales, 400 auxiliares de comedor, que se sumarán a los existentes, y refuerzos para los equipos de limpieza, que provendrán de los planes de empleo suscritos con los ayuntamientos. “Son profesionales que tendrán un contrato de ocho horas, de 8.00 a 16.00 horas, de carácter trimestral, que podrá renovarse en función de la evolución de la pandemia”. Asimismo, señaló que si no hay actividades extraescolares, los alumnos podrán seguir en el centro para la recogida tardía.
La consejera reconoció que sería “interesante” que hayan enfermeras en los centros, pero apuntó que “no hay disponibilidad” en el mercado laboral, y aunque entiende que las familias estén “asustadas”, recordó que “la asistencia es obligatoria”.
Sobre la posibilidad de que se utilicen espacios municipales como aulas, lamentó que prácticamente “no hay cercanos a los centros educativos y con posibilidades de transformarse” para dar clases. “Y no vamos a tener a un profesor desplazándose en coche de un sitio a otro al salir de una clase”, destacó.
En cuanto al servicio de transporte escolar, comentó que se ha alcanzado un acuerdo de prórroga -estaban afectadas 132 rutas por cuatro millones de euros- tras una negociación con los empresarios, porque el contrato “era gravoso”, dado que si suspendía el servicio, había que abonar el 75%, y el coste diario ronda los 24.000 euros.
Sobre la educación digital si hay nuevos confinamientos, señaló que se han adquirido tabletas con apoyo de instituciones públicas y privadas y con tarjetas para no depender de la red de Internet doméstica aparte de que la próxima semana se firma un convenio con Google para utilizar una plataforma virtual.
Por su parte, Beatriz Calzada (CC) acusó al Gobierno de Canarias de llevar “cinco meses mirando para Madrid, en silencio para no molestar y poniendo la pelota en el tejado de los centros”. Advirtió de la “inquietud y preocupación” de las familias ante el comienzo del curso y el riesgo de “absentismo escolar” ante la falta de seguridad jurídica, al tiempo que lamentó que no bajen las ratios ni se tenga preparada la educación digital.
Por el Grupo Popular, Lorena Hernández calificó de “caos” el arranque del curso, con “preocupación” de las familias, sin enfermeras en los centros y un contrato de transporte escolar firmado “a última hora y con la soga al cuello”. Mientras, Vidina Espino (Cs) exigió la bajada de las ratios a 15 alumnos y se preguntó si no hay dinero para contratar a los 3.000 profesores que hacen falta y “preservar la salud” de la comunidad educativa.
Por otro lado, Manuel Marrero, de Sí Podemos, dijo que “se debe combinar” la presencialidad con la seguridad, bajar las ratios de alumnos, buscar espacios para dar clases y fijar las futuras restricciones por centros o zonas. Melodie Mendoza (ASG) resaltó que el Gobierno regionalestá trabajando para que la vuelta sea segura y pidió a la Consejería que dé “información detallada” a las familias.
Mientras, Carmen Hernández (NC) exigió que no se utilice políticamente la pandemia pues es “una necesidad” la vuelta a las clases para “garantizar una educación de calidad, la socialización de los alumnos y combatir las desigualdades”. Por último, Ana González (PSOE) valoró el trabajo realizado por la Consejería para garantizar la apertura de los centros y el aumento de personal, por lo que pidió a la oposición “arrimar el hombro”.