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La pobre ‘okupación’ del Sur de Tenerife

El desalojo de una treintena de personas del centro comercial Los Tarajales y la presencia de indigentes en Los Cristianos visibilizan la pobreza en plena crisis turística; “las personas no se esfuman. Se traslada el problema, ahora a las playas o las medianías de Arona”, afirma Úrsula Peñate, de Cáritas
Desde el día 30, a la espera de ser tapeado, el centro comercial parece con doble cadena y seguridad privada / E.P.

El confinamiento y ahora la nueva normalidad, si es que realmente la hay, ha visibilizado aún más el problema del sinhogarismo en el sur de Tenerife, y en concreto en tres de sus municipios más poblados y teóricamente más ricos, Adeje, Arona y Granadilla de Abona, según reconoce Úrsula Peñate, coordinadora de Acción Social de Cáritas.

Los Cristianos, Playa de las Américas, Costa Adeje o Playa Fañabé han pasado de vender la imagen de sus playas, comercios y terrazas llenas de turistas a ver la pobreza deambulando por calles y plazas, frente a hoteles o tiendas de lujo con el candado puesto, entre indigentes, sin techo y migrantes. Una imagen que se acrecienta con asentamientos ilegales que se desmontan un día (La Caleta o Los Abrigos) y renacen en otros lugares, como reconoce Úrsula Peña: “las personas no se esfuman, el problema se traslada de un lugar a otro, en asentamientos en las medianías de Arona o en las playas”, como ha sucedido con la treintena de desalojados el día 30 en el centro comercial del paseo de Los Tarajales, en Los Cristianos, después de cinco años de “okupación” de 36 locales comerciales.

“Lo que pasa cada vez que hay un desalojo, como los tres últimos que han habido en el sur, no se les ofrece una alternativa habitacional y por lo tanto es quitar el problema de un lado para meterlo en otro, porque al final la gente no se evapora”, reafirma la coordinadora de Cáritas.

Para ella todos los desalojos son los mismos, porque “la observación general número siete del Pie (Plan Internacional de Desarrollo Económico y Cultural) relata que no puede existir ningún tipo de desalojo sin que haya una alternativa habitacional, por lo que se está haciendo es vulnerar un derecho fundamental como es el acceso a la vivienda, da exactamente lo mismo que esté en un asentamiento, en una infravivienda o en un edificio, porque se tratan de familias o personas que están en una gran vulnerabilidad, sin recursos y aquellos que los tienen son de rentas mínimas que no pueden acceder al mercado normalizado, por lo tanto habrá que buscar soluciones y ahí las administraciones no están haciendo su trabajo, porque no hay regulación de los precios de alquiler y no se construye viviendas públicas”.
“Nosotros -continúa Úrsula Peñate- estamos de acuerdo en desalojos como Los Tarajales, porque se trata de infraviviendas y de una ocupación ilegal, pero hay que darles una alternativa, porque estamos en lo mismo, es pasar el problema de un lado a otro”.

Cáritas cuenta en la Isla con siete recursos alojativos, con 25 plazas en el recurso casa y calor -20, ahora por la normativa COVID- y hay una lista de espera de 30 personas, pero Peñate advierte que “una cosa son los recursos alojativos y otra bien distinta una vivienda, porque nadie quiere ir a recurso alojativo porque quieren mantener su derecho a la intimidad y se pueda desarrollar como persona”.

Para Cáritas, el problema del sinhogarismo se ha acrecentado en el sur de la Isla con la crisis sanitaria y económica. “Hemos hecho un diagnóstico y es una realidad complicada porque es móvil, porque antes estaban en Los Tarajales y ahora hay que volver a localizarlos, aunque algunos se han ido a un asentamiento en las medianías de Arona. Durante el COVID, al no poder tener acceso a mendigar o vender artesanía se ha hecho más visible las necesidades básicas, y ahora solo en Adeje, Arona y Granadilla estamos atendiendo a más de 200 personas en situación de calle, barrancos, cuevas o edificios semiderruidos”, de las cuáles el 70% son españoles.

Luis abandona la que fue ‘su vivienda’ durante cinco años, con algunas pertenencias / SERGIO MÉNDEZ

El informe de Cáritas

Tras un seguimiento desde mayo de 2019 y una encuesta reciente a los ‘okupas’ del centro comercial de Los Tarajales, un informe de Cáritas concluye que “nos encontramos con 22 personas en situación de exclusión social, que no tienen alternativas alojativas propias, ni ingresos económicos suficientes para poder acceder a una vivienda. Actualmente se está sufriendo una vulneración del acceso al derecho a una vivienda digna, según regula la constitución española. Si atendemos a la oferta de vivienda del municipio, nos encontramos con la inexistencia de viviendas sociales, con precios de alquileres desorbitados. Haciendo que la búsqueda de vivienda, que se adapte a su realidad económica, sea casi imposible. En su mayoría las personas entrevistadas son perceptoras de prestaciones cuyas cuantías son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, teniendo que priorizar entre acceder a una vivienda o cubrir alimentación, por ejemplo”.

Según Cáritas, de las 28 personas que fueron desalojadas el día 30 de Los Tarajales, seis de ellas reconocían tener prestaciones económicas, de las cuáles 5 son PCI gestionadas por los Servicios Sociales de Arona y otras tres personas en trámites para percibirla. Por otro lado, cinco personas se dedican a trabajos en economía sumergida, dos a artesanía o arte callejero y cuatro ejercen mendicidad.
Aludiendo al ámbito sanitario, se detecta indicios de problemáticas de salud mental (sin diagnóstico, ni seguimiento), y consumo de tóxicos activo en su mayoría. Siendo nula la conciencia de la problemática y sin motivación a recibir un tratamiento.
Varias personas presentan heridas, aparentemente infectadas, refiriendo que han sido ocasionadas por picaduras de chinches, estafilococos… sin atención médica en su mayoría. Varias personas carecen de tarjeta sanitaria, que en caso de necesitar atención médica no cuentan con ingresos para afrontar los gastos generados. Por lo tanto, deciden no acudir al centro médico, perjudicando la recuperación de la enfermedad padecida.

Inma Devora

La conocida activista antidesahucio insiste que “lo ocurrido en Los Tarajales me recuerda al Pancho Camurria”, recordando que “asentamientos donde va a parar mucha gente y la marginalidad siempre ha vivido muy cerca de la pobreza”.

“El problema de todo es la pobreza, porque falta empleo y los salarios son los más pobres de España, que se ha desbordado con el COVID y son desencadenantes que a algunos les lleva a la delincuencia, a la bebida o la droga, pero las administraciones tienen el deber de rescatarlos, como hizo con los bancos que han vendido sus casas vacías a fondos buitres”.

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