CRISIS MIGRATORIA

Los policías preparan qué hacer con quien pida dejar Arguineguín: permitirlo

Pasadas 72 horas, los inmigrantes quedan en libertad, aunque reciban una orden de expulsión

Después de que dos jueces hayan recordado a los inmigrantes que se encuentran en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) que cumplidas 72 horas son libres de abandonarlo -si no están en cuarentena-, los policías que custodian ese campamento han recibido consejos de cómo responder si alguien quiere irse: dejarle salir. Y lo mismo en Barranco Seco.

El lunes, la juez que archivó la denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán contra el campamento de Arguineguín por no apreciar delito en las condiciones en las que están allí los inmigrantes, por “deplorables” que hayan llegado a ser, analizaba en su auto uno de los puntos más conflictivos: ¿está allí alguien contra su voluntad más tiempo de lo que permiten las leyes?

Y este miércoles, se ha conocido que otro juez del mismo partido judicial, San Bartolomé de Tirajana, también ha examinado el asunto, porque un inmigrante que llevaba cinco días en el campamento de Arguineguín le pidió un habeas corpus.

La legislación nacional sobre Extranjería dice que la Policía puede detener durante 72 horas a los inmigrantes que crucen sin autorización las fronteras del país (lo que constituye una infracción administrativa, no un delito), con la finalidad de tomarles la filiación y comunicarles su expulsión, si procede.

Cumplidas esas 72 horas, el inmigrante queda en libertad, aunque le den una orden de su expulsión, salvo que un juez autorice que se prorrogue su detención u ordene que sea recluido en un Centro de Internamiento de Extranjeros, medida que siempre tiene la finalidad de deportarlo en un plazo máximo de 60 días.

En la actual situación de pandemia, cabe una tercera opción: mantenerle a la fuerza en cuarentena o, incluso, aislado si la autoridad sanitaria así lo determina, porque ha dado positivo en las pruebas de coronavirus o ha tenido contacto directo con un enfermo.

Y esa es una posibilidad que la Consejería de Sanidad del Gobierno canario acaba de reforzar, con una orden que confiere expresamente atribuciones a los cuerpos seguridad para que hagan cumplir los confinamientos y aislamientos por covid-19 decretados sobre inmigrantes llegados en patera; a la fuerza, si es preciso.

Hace unos días, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo en una entrevista en televisión que nadie está en Arguineguín más que las 72 horas que faculta la ley, lo que le valió hasta una corrección en público por parte del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), porque la realidad no era esa.

“Se equivoca gravemente”, dijo Torres al ser preguntado por esas palabras, consciente de que ONG como Human Rights Watch o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y hasta el juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, han recabado testimonios de inmigrantes que pasaron de dos a tres semanas en Arguineguín, durmiendo sobre el suelo, a veces al raso.

¿Cuál es la situación, pues, de esas personas en el campamento del muelle? La juez que ha archivado la denuncia por presuntas vulneraciones Derechos Humanos la resume así: “No ha quedado probado que los mismos estén en dicho recinto en contra de su voluntad. La fuerza actuante realiza funciones de protección y salvaguarda, pero no existe prueba que acredite que los ciudadanos que se encuentran en esas instalaciones lo están contra su voluntad y que, al intentar abandonar las mismas, hayan regresado a la fuerza”.

Y el juez que ha denegado el habeas corpus a otro inmigrante tras cinco días en el muelle lo ha hecho por un motivo que resume de forma sucinta: no estaba detenido, aunque estuviera en un campamento vallado a la espera de que se le asignara un recurso de acogida.

“En el fondo se limitan a recordar lo que dice la ley”, han corroborado a Efe dos fuentes consultadas en el Ministerio del Interior y la propia Policía. Y a ninguna de las dos les consta que se hayan dictado instrucciones, órdenes o circulares específicas al respecto sobre Arguineguín. “Los policías conocen la ley”.

Sin embargo, Efe si tiene constancia de que entre los policías sí está circulando una pauta de recomendaciones no oficiales de qué hacer tanto en Arguineguín como en el nuevo centro de atención temporal de Barranco Seco si un inmigrante quiere marcharse, o si un familiar acude a buscarlo y el aludido desea irse.

El consejo que han recibido los policías, si en ese momento no tienen funcionarios de Extranjería que se ocupen, es consultar formalmente a la Sala sobre si procede o no permitirle salir. Y dejar que se marche si no se les comunica que sigue detenido.

Al día siguiente de cruce de declaraciones entre Marlaska y el presidente de Canarias, la Policía facilitó la salida del muelle de Arguineguín a 227 inmigrantes magrebíes, ante el estupor incluso de algunos de los guardias civiles que vigilaban el perímetro exterior del puerto, que amagaron con impedirlo, sin saber bien qué hacer.

A día de hoy, se ignora si hubo una orden para que así ocurriera y, sobre todo, quién la dio. El Ministerio sí ha anunciado que lo está investigando, pero el episodio indignó a las autoridades de Canarias, porque esas 227 no tenían adónde ir, se quedaban directamente en la calle, sin comida ni techo.

Sin embargo, nadie cuestionó si lo ocurrido era o no legal, porque todos tienen presentes el límite de las 72 horas, algo que los Colegios de Abogados de Canarias se encargan de recordar estos días, tras haber denunciado que no se permitía a los letrados atender de forma correcta, con tiempo e intérprete, a los inmigrantes e, incluso, que se pasaban a sus clientes órdenes de expulsión para que las firmasen sin su tutela ni conocimiento.