El derrumbamiento parcial de un edificio de cuatro plantas en el barrio barcelonés de Turó de la Peira, el 11 de noviembre de 1990, puso al descubierto en España un problema de dimensiones formidables originado por una anomalía detectada en el hormigón, que se conoció con el nombre de aluminosis.
En aquel siniestro ocurrido en el número 33 de la calle del Cadí, en el distrito de Nou Barris, falleció una vecina, Ana Rubio, de 55 años, tras precipitarse desde el cuarto piso por el gran socavón abierto súbitamente en el suelo del comedor. Con anterioridad, los vecinos habían avisado de ruidos sospechosos y manchas de humedad.
Dos meses después, los informes técnicos determinaron que la causa del hundimiento fue la baja calidad del material empleado en la construcción del edificio. El accidente obligó a la revisión de todas las viviendas construidas con el material afectado por la fiebre del hormigón y en los siguientes 13 años se rehabilitaron 142 edificios en 11 manzanas y se derribaron y volvieron a construir 54 bloques de viviendas.
El cemento utilizado para la fabricación de viguetas de forjado reunía un elevado contenido de aluminato monocálcico, un conglomerado que permitía notables ventajas respecto a la mezcla convencional, sobre todo un rápido endurecimiento en 10 horas (frente a las cuatro semanas del llamado cemento portland, lo cual aligeraba la elaboración de prefabricados) y una aparente mayor resistencia frente a la corrosión. Pero mientras el fraguado se aceleraba, el hormigón se debilitaba por la pérdida de sus propiedades. No obstante, en el caso del hundimiento de Barcelona su proveedor apuntó a un mal uso del material y defendió que las instrucciones especificadas en los sacos eran las correctas.
Patentado en Francia en 1902 y empleado para la construcción de refugios de artillería durante la Primera Guerra Mundial, el uso del cemento poroso se extendió por todo el país, especialmente por Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, coincidiendo con el auge de la construcción de viviendas sociales entre principios de los años 50 y finales de los 70.
“Fue el precio a pagar del desarrollismo, una chapuza del franquismo que se comió la democracia”, resumió, en declaraciones a El País, la periodista Laura de Andrés, que reconstruyó el suceso de Barcelona al cumplirse el 25 aniversario apoyándose en testimonios de expertos, vecinos y en la hemeroteca.
El problema derivado por el uso del producto se agravó por cuanto las consecuencias del envejecimiento prematuro se manifestaban al cabo de diez años, es decir, fuera del periodo de responsabilidad legal de constructores, promotores y arquitectos.
De hecho, el siniestro de Turó de la Peira se archivó en 1993 al no hallar el juez razones de peso para determinar consecuencias penales. Una vez conocida la pérdida de resistencia por la lesión del hormigón, el Gobierno español prohibió en 1977 el uso de este material.
El capítulo más sonado de aluminosis en Canarias se localizó en 2009 en Las Chumberas (La Laguna), una urbanización de 42 bloques y 675 viviendas de protección oficial construida a finales de los años 70. La empresa municipal de viviendas, Muvisa, confirmó ese año el primer caso de daño estructural en el bloque 15.
Una vez realizada una evaluación completa de la urbanización, se comprobó que el 70% de las construcciones estaban afectadas. En unos casos los inquilinos fueron realojados y en otros permanecieron en sus casas apuntaladas, aunque con la espada de Damocles de un desalojo en cualquier momento.
La financiación de la reposición generó una tormenta política entre las instituciones canarias y el Gobierno de España y llegó a provocar protestas de los vecinos en Madrid. El plan inicial de rehabilitación presentado por el Ayuntamiento de La Laguna fracasó por falta de financiación. En 2011 se firmó un convenio entre el Consistorio, el Cabildo de Tenerife y los gobiernos regional y estatal, pero el 31 de diciembre de 2012 venció, y en las dos prórrogas posteriores (hasta diciembre de 2016 y diciembre de 2018) tampoco se cumplió lo acordado, por lo que el documento acabó por expirar sin haberse movido un solo bloque.
El 18 de octubre de 2019, después de un decenio de lucha vecinal sin respuesta pública, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se concedían cuatro años más al Ayuntamiento de La Laguna para desarrollar y justificar el plan de reposición de viviendas sociales y la reurbanización de los edificios afectados por aluminosis, lo que beneficiará a más de 500 familias que habitan en el barrio. La ampliación del plazo suponía dar vía libre al proyecto, ya que permitiría acometer y finalizar la primera fase de las obras.
Cuatro días después, el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de La Laguna (con nuevo equipo de Gobierno formado por PSOE, Unidas se puede y Avante) firmaron la prórroga de cuatro años del convenio que autoriza la ejecución de las obras de rehabilitación, acabando así con un bloqueo de 10 años.
El pasado 25 de septiembre comenzó la primera fase de las obras de reposición. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis; el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, coincidieron en señalar que se trataba de un día “muy feliz para todos y, sobre todo, para los vecinos, porque se hace realidad un sueño que en algún momento llegó a parecer inalcanzable”.
El proyecto contiene cuatro actuaciones diferenciadas: una obra de demolición de los diez bloques de esta primera fase, necesaria para obtener el suelo donde edificar; una obra de reurbanización; la construcción de un edificio de 118 viviendas, y de un segundo bloque de 79 inmuebles.
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