Las personas que lleguen en patera a la provincia tinerfeña estos días no podrán ejercer su derecho a contar con la asistencia jurídica que hasta ahora les prestaban los letrados del Colegio provincial de abogados, una medida que, de momento, se prolongará hasta el próximo 11 de enero y que podría ser adoptada en los próximos días por sus compañeros del resto de las Islas.
Como ya adelantó DIARIO DE AVISOS, todo comenzó con una decisión adoptada desde el Gobierno de Canarias sobre las remuneraciones a percibir por parte de los letrados.
Hasta entonces, las actuaciones profesionales de los abogados de oficio que asisten a los migrantes que están llegando a las Islas a través de cayucos y pateras se limitaban a unas siete personas por letrado en cada guardia, que cobraba 50 euros por cada asistido.
Pero ahora, la Consejería ha decidido (sin negociación previa, según los letrados) que, sin abonar ninguna otra cantidad, el abogado debe llevar todo tipo de asesoramiento posterior a los migrantes, incluyendo asistencias y recursos, tanto administrativos como contencioso-administrativos.
A juicio de los letrados, la medida en cuestión, además de cambiar las reglas una vez iniciado el juego, supone establecer una asistencia jurídica distinta a la que se presta a otras personas, y conlleva una clara vulneración del derecho de asistencia jurídica gratuita, así como una vulneración de los derechos que estas personas tienen de disponer de un servicio en las mismas condiciones que cualquier otra persona.
Sea como fuere, ello ha provocado que la lista donde se apuntaban los letrados locales para prestar este servicio se ha vaciado, y hasta el próximo día 11 no habrá nueva. Mientras tanto, no se prestará el servicio.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas