El Pleno de La Laguna aprobó ayer por unanimidad, a partir de una moción del PP con enmienda del grupo de Gobierno, iniciar los procedimientos necesarios para la restauración del cementerio de San Juan, bien declarado BIC, haciendo partícipe y contando con la colaboración de las administraciones competentes; siendo uno de los pocos acuerdos aprobados en el marco de una sesión plenaria que se celebró de manera telemática, como medida de prevención frente a la pandemia. El acuerdo también contempla que se continúe en la misma línea de trabajo que se está realizando en la Concejalía de Cementerios, en cuanto a labores de acondicionamiento, poniendo en valor los elementos que conforman el conjunto del cementerio de San Juan.
Mientras, uno de los puntos que más tensó el debate giró en torno a la COVID-19, las medidas adoptadas y sus consecuencias sobre la situación social y económica, a partir de una moción presentada por CC y que resultó en un cruce de acusaciones entre el principal partido de la oposición y el equipo de Gobierno local (PSOE, Unidas se puede y Avante).
Candelaria Díaz (CC) defendió que la moción, que no salió adelante, buscaba “soluciones y opciones de mejora” y abogó por la “unidad y la altura de miras”, a la vez que hizo un repaso por las consecuencias económicas de la crisis en el municipio, afirmando que, durante 2020, el desempleo en La Laguna se incrementó en un 20,31% y la contratación cayó en un 38%. Criticó, además, que se cierre la restauración o los centros deportivos pero, en cambio, los centros comerciales hayan permanecido abiertos, así como que la actividad de la creada Comisión Especial Técnica Informativa (CETI) lleva meses paralizada y no se haya contado con el resto de formaciones políticas, ni ciudadanas. Díaz también denunció que, “en plena pandemia, Bienestar Social ha dejado sin ejecutar casi dos millones y medio de euros” en 2020, ni se “ha tocado el fondo de contingencia”.
Algunas de las propuestas de la moción eran estudiar fórmulas para que se incorporen rastreadores de necesidades sociales, instar al Gobierno a la determinación de las zonas donde se está produciendo el mayor número de contagios o la reapertura de centros deportivos y ciudadanos, cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias.
Desde el equipo de Gobierno, la concejala socialista Yaiza López respondió que el “único fin” de la moción es que “su partido desprestigie al Gobierno”, trayendo propuestas que se han hecho o se están haciendo. Afirmó que los centros deportivos o ciudadanos que piden abrir “es completamente incompatible con las medidas sanitarias del Gobierno” y criticó que CC no ha presentado ninguna propuesta al CETI. “Donde ustedes ven votos nosotros seguimos viendo vidas humanas en riesgo”, enfatizó.
Por su parte, la edil de Comercio, María José Roca, afirmó que “el número de desempleados en La Laguna es inferior al resto de Canarias, y es más, el número de contratos indefinidos que se hacen está por encima del resto del territorio”, a la vez que respondió a CC que “queda muy bien defender cosas públicamente cuando se sabe que no se pueden realizar”. “Ustedes son más dinamitadores que colaboradores”, enfatizó, a la vez que defendió el trabajo realizado desde el Ayuntamiento para ayudar a los sectores más perjudicados, buscando “soluciones dentro de la legalidad y el orden”.
El grupo de Gobierno presentó una enmienda de sustitución, que se aprobó con solo sus votos, en la que el Pleno “manifiesta el compromiso de mantener los acuerdos alcanzados el 8 de abril de 2020 para hacer frente de la forma más efectiva a la crisis derivada de la COVID-19” y a “continuar colaborando con las autoridades sanitarias para velar por el cumplimiento” de las medidas.
Mientras, desde el PP y Ciudadanos mostraron su apoyo a la moción de CC, votando en contra de la enmienda del Gobierno local, y apostaron en su discurso por la reapertura de los centros deportivos.
Por otra parte, el Pleno también debatió el expediente relativo a la desestimación del recurso de reposición interpuesto por unos propietarios contra el acuerdo plenario adoptado el 12 de diciembre de 2019 de modificación menor del PGO para la protección del inmueble situado en Avenida República Argentina nº 71. Desde PP y Ciudadanos se manifestaron en contra de esta desestimación.
