Miriam Cabrera vive un verdadero calvario desde el 11 de marzo de 2020, cuando su expareja supuestamente la apuñaló, la degolló y ella se hizo la muerta para poder salvar a su hijo que estaba camino a casa del colegio.
Logró salir arrastrándose a la calle, con una parte de los intestinos por fuera, y fueron unos operarios del servicio municipal de limpieza viaria quienes inmediatamente llamaron a la ambulancia, la Policía Local y la Guardia Civil para que la atendieran.
Esta mujer de 38 años, residente en Icod de los Vinos, estuvo cuatro semanas casi en coma y pasó por dos operaciones y un cateterismo. Le tuvieron que reconstruir los intestinos, coser el cuello, el hígado, el bazo y el duodeno.
Pero todo ello no ha sido suficiente para que le otorgaran la discapacidad ya que no puede trabajar porque los dolores son insoportables. A ello se suma que tenía el alquiler de dos viviendas vacacionales que se paralizó por la pandemia y cuya limpieza, que también realizaba, es incompatible con su estado físico actual.
El equipo del Centro de Valoración de la Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife asegura en su informe -al que tuvo acceso este periódico- que al llegar, “presentaba trastorno de la afectividad, adaptativo y de etiología ideopática” (significa que no se sabe el porqué de su sintomatología) y solo le han dado un grado de discapacidad del 15%, que la habilita para trabajar.
“Ni siquiera se me ha valorado nada a nivel médico. En el informe no se menciona mi estado físico y ni siquiera se explica por qué se me deniega la discapacidad, solo hablan de la parte psíquica”, explica Miriam, que lo único que pide es que la examine un tribunal médico.
Miriam no está dada de alta por el servicio de Cirugía ni de Hematología del Hospital Universitario de Canarias y está a la espera de otra operación porque le han salido varias hernias y lo más probable es que le tengan que colocar una malla intestinal. Todo ello fue puesto en conocimiento del citado departamento.
Curiosamente, la única alta que ha recibido es la de Psiquiatría del CAE de Icod. El médico del Servicio Canario de la Salud que le realizó un seguimiento durante tres meses certificó su buena evolución y respuesta al tratamiento farmacológico del cual ya prescinde y especificó -según consta en el parte- cuál era la causa de su estrés, todo lo contrario a lo que se argumenta desde el Tribunal de Santa Cruz.
El grado de discapacidad es importante porque de ello dependen las ayudas, otro calvario que vive Mirian desde hace meses. Tras salir del hospital empezó con todos los trámites administrativos para solicitarlas. “Como víctima de violencia de género no te ponen ninguna vía para que primero sobrevivas. Sales y directamente tienes que empezar a luchar contra la administración”, declara.
Denegadas
La mayoría le han sido denegadas y otras están pendientes de contestación, como la del Instituto Canario de la Mujer, “debido a que existe desde hace un tiempo atrás un déficit de personal que no permite poner al día la tramitación de los expedientes en curso”.
La Renta Activa de Inserción (RAI) se la rechazaron en dos ocasiones porque en ese momento sus ingresos superaban el 75% del salario mínimo interprofesional. “Solo tuvieron en cuenta la declaración de 2019, cuando es un ingreso que va dirigido a varios sectores, entre ellos, a las mujeres víctimas de violencia y que nada tiene que ver con lo que ocurrió y trabajé en 2020”, aclara.
Respecto a la requerida por delitos violentos y violencia de género, le confirmaron que habían recibido su solicitud y la iban a estudiar, pero que estaban pendientes del informe de la médica forense y le prometieron que ellos mismos seguirían insistiendo para conseguirlo.
Otras dos de pago único pedidas a través del Sistema Integral de Atención a la Mujer (SIAM), no le han respondido, igual que la última en tramitar, la del Ayuntamiento de Icod para necesidades muy básicas. “Hay ayudas que son incompatibles con otras, así que hay que esperar la negativa de una para pedir la otra. El tiempo pasa y mi hijo y yo tenemos que comer”, subraya.
Pese a todo, Miriam no se da por vencida porque sabe que su “vía crucis” es el mismo que el que tienen que pasar la mayoría de las víctimas de violencia de género. “El sistema va mal, de eso no cabe duda”, asegura.
Su médica de cabecera le redactará un nuevo informe para el recurso administrativo que presentará en breve. “En caso de no conseguirlo iré al juzgado, porque al parecer es la única manera de batallar contra la administración”, advierte.
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