Tras la primera declaración, el miércoles, del gerente de la Asociación Mixta, Antonio Daroca, y el aplazamiento de las declaraciones del exalcalde y exconcejales de Urbanismo de Arafo -se ha pospuesto para el día 5-, ayer fueron los representantes del Ayuntamiento de Candelaria los que tuvieron que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción de Güímar por la causa abierta por los vertidos al mar del emisario submarino del Polígono Industrial.
A la cita acudieron, por este orden, Domingo Ramos y Fernando Alduán, exconcejales de Urbanismo, José Gumersindo García (alcalde desde 2001 a 2015) y la actual regidora de Candelaria, Mari Brito, concejala de Nuevas Tecnologías cuando los ayuntamientos recepcionaron el Polígono Valle de Güímar en julio de 2013.
Precisamente esa recepción es uno de los capítulos que se presumen claves a la hora de discernir el grado de culpabilidad de los investigados por presunta prevaricación y delito ambiental. Los alcaldes y concejales de entonces han manifestado en más de una ocasión que la Comisión Mixta (empresarios, básicamente) ocultó en esa fecha, 2013, que el emisario submarino tenía caducada la autorización para verter aguas industriales y residuales al mar desde 2011. Un asunto que no resolvió hasta hace unos años, cuando los tres ayuntamientos del Valle y el Cabildo lograron poner un nuevo tamiz en el emisario y recibir la autorización hasta que se termine la depurada de aguas industriales (Edari), que presumiblemente estará terminada antes de final de año.
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