Un cartel grande, oxidado por la sal, avisa de que se entra en zona de acceso prohibido. La valla que lo acompaña tiene esa estética hosca de los precintos largos: alambres aparatosos, postes torcidos, hierros colgando… Al otro lado, la primera línea de casas. Construcciones de una sola planta, encajadas a un lado del asfalto, al otro, una la línea de rocas, ordenada para frenar el paso del mar. Arriba, la TF-1 y los mismos túneles de Güímar. Estas viviendas son las consolidadas. Se cruza el camino y aparece la bajada. Esa que ya no es pueblo.
En la pared del talud se notan los trabajos: mallas tensadas, gunitados que han teñido la roca de un gris cemento, anclajes a la vista. Todo eso impide que las piedras caigan hacia abajo, hacia los techos. Tras levantarse la prohibición, aquí, en esta segunda parte, viven tres familias. Tres. De la veintena de viviendas que llegó a tener Las Bajas. El resto está cerrado, vacío o roto.
El silencio que se instala entre casa y casa es el de un pueblo costero fantasma que ha dejado de estar habitado. Una vecina volvió hace poco. “Mi casa la levantó mi padre hace cuarenta años, fue y es nuestra segunda vivienda, para pasar los veranos”, afirma. Cuando entró, después de cinco años de precinto, encontró el techo roto y el suelo de cemento frente a su casa levantado, como si algo —el agua, el abandono, alguien— hubiera utilizado su fuerza para romper el precario mobiliario urbano que allí había. No oculta su enfado con los anteriores alcaldes. Más adelante, en otra puerta, hay toallas y trapos enrollados en la base.
Las Bajas no era un sitio rico. Fue, desde el principio, un pueblo de segunda vivienda de los guimareros de las medianías que bajaban en verano a la costa. Casas-cueva, casas de bloque, ampliaciones y viviendas ancladas al talud de los túneles de Güímar. Ni más ni menos. En los bordes del camino, lo que un día fueron jardines son hoy matojos secos.
El 12 de mayo, la alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), firmó el decreto que levanta “de forma condicionada y reversible” el cierre del camino de Las Bajas. La medida se apoya en un informe que concluye que la apertura es viable, aunque advierte de que persiste un “riesgo residual inherente a la naturaleza del terreno”. Si vuelven las grietas, si cae un bloque, si arrecia un temporal, la zona se cerrará de nuevo. La valla perimetral que aún corta la bajada en dos se retirará en las próximas semanas.
Todo empezó con un informe policial de diciembre de 2020 sobre el “deficiente estado del talud”. En febrero de 2021, el entonces alcalde, el socialista Airam Puerta, ordenó el cierre y prometió a los vecinos un realojo de cuatro meses. La obra se adjudicó por 342.865 euros, pero en junio un temporal de mareas vivas destrozó el camino y un informe extraordinario disparó el coste estimado a 1.037.180 euros. El 26 de agosto, el alcalde Gustavo Pérez (CC) decretó la suspensión. La obra nunca se retomó. La UTE adjudicataria, que había entrado sin concurso amparándose en la emergencia, llevó al Ayuntamiento a los tribunales y ganó. Una primera sentencia de 518.988 euros y otra pendiente de 231.290. Cerca de 750.000 euros en total, más intereses. El doble de lo presupuestado. Mientras tanto, el consistorio pagaba 40.000 euros al mes en alquileres alternativos para los vecinos de Las Bajas.
Cinco años, tres alcaldes, una moción de censura por el camino, casi un millón de euros a pagar en sentencias y ni una sola piedra caída sobre las casas. El expediente de Las Bajas pesa más que el talud que pretendía sostener. Hoy, con cinco años más de sal encima, se espera que retiren la valla. Lo que ni el mar ni las piedras pudieron, se lo llevó la burocracia.
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