El efecto de las últimas restricciones aplicadas por el Gobierno de Canarias para evitar el avance del coronavirus en Tenerife le ha costado a Santa Cruz 1.900 empleos y una caída del PIB municipal de 19,8 millones de euros. Esta es la estimación que el Ayuntamiento capitalino ha hecho del efecto que estas medidas han tenido sobre la economía de la ciudad, y que se aplicaron entre el 18 de diciembre y 18 de de enero. De esta manera lo apuntó ayer el alcalde José Manuel Bermúdez en la presentación de las conclusiones, así como de las propuestas de la Mesa por la Recuperación de Santa Cruz. Esta mesa, conformada por distintas entidades sociales y grupos de la oposición, junto al equipo de Gobierno, tras cuatro reuniones, ha llegado a definir un listado de 30 medidas, 11 que surgen de la Comisión Económica y otras 19 de la Comisión de Equidad Social.
El diagnóstico realizado por el Consistorio confirma los peores pronósticos, de forma que el municipio se encamina a superar los 30.000 desempleados. En enero ya se alcanzó la cifra de 27.481 personas en paro, 1.165 más que en diciembre, casi el 30% más que los parados registrados en enero de 2020. Según apuntó el regidor, los datos sobre el empleo y el PIB municipal son una estimación a priori de lo que han podido suponer estas medidas, por lo que aún queda por ver si el impacto final supera esta previsión o no. A estas cifras se suman las más de 22.000 personas que siguen en ERTE, convirtiendo a la capital en el municipio de Tenerife que más población tiene en esta situación.
Propuestas
Con cifras como estas, las medidas a implementar buscan, por un lado, impulsar la recuperación de la economía, fomentando el mantenimiento del empleo, y, por otro, dar apoyo a las personas más vulnerables que necesitan de los servicios municipales. Entre las medidas que aparecen como nuevas, puesto que otras ya se están implementando o dependen del apoyo de otras administraciones, se habla de impulsar la declaración responsable y la figura del silencio administrativo para agilizar las autorizaciones, apostar por la implantación de universidades en el municipio o la compensación de rentas a personas en situación de desempleo, referida esta última al aumento de las dotaciones económicas para las ayudas ya existentes, tal y como defiende el equipo de Gobierno, que ya lo ha hecho este año ha aumentado el presupuesto social. Se trata de ampliar la política de vivienda pública, incentivar la creación de empresas relacionadas con la dependencia o facilitar el acceso a alquileres a empresas que quieran instalarse en el municipio completan las ideas de la mesa económica.
Desde la mesa de Equidad Social, la propuesta más novedosas es el desarrollo de la idea de autorizar que los bajos de los edificios de promoción pública, en los que se localizan los locales comerciales, se puedan autorizar como viviendas.
Otras iniciativas tienen que ver con convertir la actual relación con el tercer sector en una colaboración más estable, vía convenios, que permitan alargar en el tiempo las intervenciones que tienen que ver con la inserción laboral. También se propone que todos los ayuntamientos ofrezcan el mismo catálogo de ayudas. “Nosotros nos hemos gastado ocho millones en ayudas sociales mientras que La Laguna solo dos. Lo que queremos es que todos afrontemos el mismo catálogo para una mayor diversificación de las ayudas”, defendió la edil de Atención Social, Rosario González, coordinadora de las propuestas de la mesa de Equidad Social.
Una de las propuestas que se pretende impulsar tiene que ver con las denominadas hipotecas inversas para personas mayores, con las que la población con una pensión baja, pero con un piso en propiedad, pueda negociar con el banco una hipoteca que le permita aumentar su pensión a cambio de que el banco se quede con su piso al fallecer. Una vez más, se propone crear una bolsa de viviendas privadas, gestionada por el Ayuntamiento. Esta medida se ha puesto sobre la mesa desde hace años pero nunca logra concretarse.
Petición de ayuda al Gobierno de canarias
El alcalde estuvo acompañado por los representantes de de algunas de las instituciones que han asistido a las mesas de debate, no así la oposición, que también participó. Sebastián Sesé, presidente de la Cámara de Comercio, aplaudió las medidas, solicitando apoyo también al Gobierno de Canarias. “Las empresas necesitamos de ayudas directas porque nuestro principal problema es la insolvencia”, dijo.
Para la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, las medidas aprobadas son importantes, pero se necesita de un mayor apoyo para llegar a una población que “antes de la pandemia estaba en el 44% de exclusión, un porcentaje que ahora ha empeorado”. Abogó por crear una ayuda permanente que garantice el ingreso de esas familias, así como salvaguardar el derecho al acompañamiento social, y por último, impulsar las ayudas de dependencia, así como la necesidad de contratar trabajadores que gestionen el dinero de Europa.
Cerró el turno de intervenciones Francisco Bautista, secretario general de UGT de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos, quien destacó “la valentía del alcalde de Santa Cruz” para poner en marcha esta Mesa.
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