Gabriel Mato presidió el Parlamento de Canarias durante la sexta legislatura (entre 2003 y 2007). Hace unos meses regresó para intervenir en la comisión sobre el escenario de la Unión Europea para el periodo de 2021 a 2027, en su condición de eurodiputado del PP.
-¿Las condiciones fijadas por la Comisión Europea para la financiación de los proyectos de recuperación son un antídoto contra las alharacas de los respectivos gobiernos?
“Ojalá lo fueran y sirvieran para que el Gobierno de Pedro Sánchez hiciera un uso responsable, equitativo, solidario y transparente del mayor fondo económico que ha dispuesto la Unión Europea para superar una crisis sin precedentes como esta. Pero la realidad es que en las últimas semanas hemos sido testigos de un ejemplo más de una forma de proceder que ya conocemos: la falta total y absoluta de transparencia por parte del Ejecutivo nacional; en este caso, en lo que se refiere al reparto de fondos para las comunidades autónomas, a las que, por cierto, no han hecho partícipes. Espero equivocarme, pero sospecho que España no será capaz de mantener los fondos, porque suspenderá los dos exámenes anuales que ya ha anunciado Bruselas”.
-¿De quién sería la culpa?
“Si eso sucede, será responsabilidad única del Ejecutivo de Sánchez, por su mala gestión, no por culpa de las comunidades autónomas, como están queriendo hacer ver durante los últimos días desde el Ministerio de Hacienda. No se puede gestionar un fondo como este sin contar con las autonomías y luego pedirles responsabilidades si algo no funciona. No es un instrumento de un Gobierno determinado ni de ninguna ideología concreta, en contra de lo que el de Pedro Sánchez parece creer”.
-¿Cuál es la factura del brexit en ambos lados de la frontera?
“Mantengo que salimos perdiendo todos los implicados, pero también he defendido en todo momento que siempre sería mejor un mal acuerdo que un no acuerdo. Aun en este momento, cuando ya se ha producido la salida efectiva del Reino Unido, debemos estar vigilantes respecto a determinados aspectos que no están del todo contemplados en el documento del acuerdo. Un ejemplo son los posibles acuerdos comerciales que a partir de ahora decida establecer el Reino Unido con países ajenos a la UE y que pueden afectar gravemente al sector agrícola europeo en caso de que decidan no contemplar mecanismos de salvaguarda. No olvidemos que desde el 1 de enero pueden hacer uso de su soberanía sin dar cuenta a la Unión Europea. Nuestro papel a partir de ahora es el de estar muy atentos para que no se arriesguen los intereses de Europa. Por eso, es tan importante la presencia de Canarias en la Eurocámara”.
-¿Cómo se compatibiliza la pesca con la biodiversidad?
“Con criterios científicos, siempre que sean realistas y que tengan en cuenta las necesidades y condiciones específicas de cada lugar. Tan sencillo como eso, porque no tiene sentido ni favorece una mayor sostenibilidad que se aplique un objetivo numérico abstracto y arbitrario para dos zonas de pesca que no tienen nada que ver. ¿Qué tienen en común el ecosistema marino del Atlántico Este y el Mediterráneo? Ni siquiera si hablamos de una misma especie, como el atún rojo, podemos comparar la situación de la pesquería en dos áreas tan distintas. Así que esta es una de mis líneas de trabajo en el Parlamento Europeo. Se ha debatido recientemente en la Comisión de Pesca mi informe sobre la Estrategia de la Biodiversidad 2030, en el que apuesto por promover la convivencia de la protección de la biodiversidad con la actividad pesquera. Nunca me cansaré de defender la labor que hacen la gran mayoría de los pescadores. Ellos no son los principales causantes de daño a los fondos marinos. Trabajan bajo normas estrictas de sostenibilidad y son los verdaderos guardianes de los océanos. En los últimos diez años, la población de peces del Atlántico Nororiental ha registrado un incremento del 50% y la sobrepesca en la Unión está en un mínimo histórico”.
-¿El reglamento para el control de la flota navega en un mar de dudas?
“El trámite en la Comisión de Pesca está concluyendo. Todavía no sabemos cómo quedará el texto. Es un reglamento muy largo y complejo, que ha sido objeto de unas 1.400 enmiendas. El Grupo Popular Europeo quiere un texto equilibrado, gradual, que armonice las sanciones frente a la enorme dispersión actual, que reconozca la singularidad de la pesca artesanal y facilite el control sin asfixiar burocráticamente el trabajo de los operadores. Habrá que esperar luego al pleno y a los trílogos [negociación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión] Es un proceso largo todavía pendiente”.
-¿A qué monstruos se enfrenta el sector?
“Ahora mismo, me preocupa el impacto que pueda tener el acuerdo comercial con el Reino Unido, y una reducción de las cuotas de pesca de nuestra flota. En este momento, estamos a la espera de una aclaración por parte del comisario de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, y de los representantes del Consejo de Ministros de la UE. Pero, quizá, la mayor amenaza a la que se enfrenta la pesca sea el silencio atronador de Madrid, con un Pedro Sánchez que se niega a comparecer en el Congreso y que aplaude esos recortes. A todo ello hemos de añadir el temor a que Boris Johnson se llegue a plantear la posibilidad de poner trabas y restricciones a las empresas españolas que operan bajo la bandera británica”.
-¿Los fondos del Posei para el periodo 2021-2027 abonan el terreno para garantizar el futuro de la agricultura canaria?
“No, y el peor error que podemos cometer es confiarnos y pensar que el acuerdo transitorio para los próximos dos años facilita las cosas. Ahora empieza un arduo trabajo de negociación, percutiendo día a día, para poder garantizar que, cuando termine ese periodo de dos años, se dote al Posei [programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad] de los recursos necesarios. En Europa, las cosas cambian rápidamente y los logros de hoy puede que no se mantengan mañana”.
-¿Qué le lleva a pensar que Canarias está sola en el problema de la inmigración irregular?
“Es lo que nos demuestran los hechos. Para el Gobierno de España lo más sencillo es convertir a Canarias en una cárcel al aire libre, encerrar a las más de 7.000 personas que hay en este momento en las Islas en un territorio alejado del continente. Han mirado hacia otro lado ante el hacinamiento de los inmigrantes en un muelle de Arguineguín, ante los continuos altercados en la calle, ante el daño irreparable para la imagen del Archipiélago como mejor destino turístico de Europa. Nos han engañado diciéndonos que será temporal, cuando, en realidad, todos sabemos que no es cierto y que el traslado de los inmigrantes a los campamentos no hará más que convertir en definitivo lo que nos quieren vender como provisional. Así que sí, ya sea por negligencia, incapacidad o ambas cosas, de Pedro Sánchez, Canarias está sola y desbordada ante una presión migratoria insostenible. Y la Unión Europea tiene que tomar medidas ante tanta dejadez, porque, en el intento de llegar a Canarias ya han perdido la vida más de 2.000 personas. Es verdad que la UE también ha mirado hacia otro lado durante mucho tiempo, pero empieza a darse cuenta de que es un problema global que nos afecta a todos. Y es que, en el fondo, la credibilidad del proyecto de integración europea recae en buena parte en que sea capaz de demostrar que es verdaderamente solidario”.
-¿Los derechos a una vivienda digna y a desconectar del trabajo son tangibles o meramente conceptos enunciativos?
“Aunque parezcan lo contrario, ambos pueden ser posibles. En relación al primero, considero que es necesario que los europeos vivan en condiciones decentes, pero también asequibles. Ahora bien, el tema de la vivienda es competencia de los estados miembros y son estos los que deben promover medidas concretas al respecto. Una política clave, por ejemplo, podría ser mejorar el acceso a los servicios de crédito con préstamos asequibles para jóvenes, familias de ingresos bajos medios, y personas de grupos desfavorecidos. En cuanto al segundo, el derecho a establecer los límites entre la vida privada y la vida laboral, y más si cabe con el gran aumento del teletrabajo por la pandemia, es otra cuestión esencial. Si bien su regulación de este derecho es una tarea complicada, es preciso encontrar un equilibrio. No puede imponerse la cultura del siempre activo. Eso significaría un retroceso en los derechos de muchas personas”.
-¿Qué efectos contagiosos provoca la pandemia del coronavirus en el sistema comunitario?
“Sin duda, la intranquilidad y la inseguridad. El mejor ejemplo lo vemos en España, donde hay diecisiete comunidades autónomas que están haciendo cada una lo que mejor consideran, porque no ha habido una gestión global de la pandemia. El Gobierno central se ha quitado la responsabilidad, cuando su papel era dar una respuesta uniforme. ¿En qué país se ha visto que el máximo responsable de la gestión de la sanidad [Salvador Illa, sustituido por Carolina Darias] esté pensando en una campaña electoral [la de las autonómicas catalanas] en el peor momento de la pandemia? El resultado, el descrédito sobre las decisiones políticas”.
-¿Europa está vacunada contra la fiebre nacionalista?
“No. Lamentablemente, todavía no hemos conseguido encontrar una vacuna efectiva contra la fiebre nacionalista ni contra la populista. Son virus oportunistas, que siempre están al acecho esperando a un momento debilidad del sistema comunitario, a cualquier crisis, a una fractura inmunológica, para atacar y hacerse más fuertes”.
-¿Cuántas caras presenta la UE ante Venezuela?
“Durante años, he sido crítico por la timidez de la Unión Europea a la hora de condenar la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Pero hay que reconocer que en el último año ha mostrado una mayor sensibilidad. A las resoluciones del Parlamento Europeo pidiendo que se respeten los derechos humanos, que se asegure la disponibilidad de alimentos, el suministro de medicamentos y los servicios sanitarios, se suma la aprobación, en diciembre, de la ley Magnitsky [una norma similar a la de Estados Unidos, inspirada en un opositor ruso encarcelado, torturado y asesinado por exponer la corrupción de alto nivel]. Se trata de un mecanismo para sancionar a quienes vulneran los derechos humanos. Las sanciones son de dos tipos: la prohibición de entrada y tránsito de las personas penadas y la congelación de activos. Es un paso importante, aunque también es cierto que tiene puntos débiles, como que la prohibición de entrada en el territorio europeo depende del criterio de cada Estado”.
-¿Joe Biden acabará con el titubeo internacional de Estados Unidos?
“La era de Donald Trump no ha sido precisamente positiva ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo. Esperemos que esta nueva Administración encauce unas relaciones internacionales ahora muy debilitadas e intensifique un diálogo constructivo, de no confrontación”.
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