El PSOE de Canarias lamentó ayer que Santa Cruz de Tenerife se haya convertido en la última ciudad de España en dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica que obliga a la retirada de monumentos de exaltación a la figura del dictador Francisco Franco, como el que se encuentra en la Avenida de Anaga.
En este sentido, el responsable de la Secretaría de Memoria Histórica de la dirección regional socialista, Hugo Báez, ha criticado “la actitud pasiva, indiferente e ilegal del actual equipo de Gobierno de Santa Cruz”.
Melilla, que se encontraba en la misma situación que la capital tinerfeña, ya ha retirado la escultura que conservaba en honor al comandante de la Legión, Francisco Franco, y el Ayuntamiento de Santa Cruz, en cambio, sigue dilatando esta retirada y se ha quedado solo en esta resistencia.
“Lo único que ha hecho es rebautizar la obra, con el alcalde Miguel Zerolo (CC) al frente, pasándose a denominar Monumento al Ángel Caído. Pero hace unas semanas, el 4 de enero de 2021 con Coalición Canaria y el Partido Popular en el gobierno de la ciudad, la concejala de Cultura y Patrimonio, Gladys de León (CC), señaló que este asunto no es una prioridad”, resaltan los socialistas.
El representante socialista recuerda que el artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración Pública sirve con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y, por lo tanto, “la norma debe ser respetada y aplicada, no cabe otra opción, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico como cualquier otra ley”.
En su opinión, “el Consistorio santacrucero se ha escondido en reiteradas ocasiones tras la excusa de haber solicitado o estar en espera de algún informe, e incluso con el rechazo a mociones sobre su retirada por parte de estos dos partidos. Ya no caben más excusas, el monumento debe ser reiterado”.
El informe que encargó el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) a un grupo conformado en torno a la catedrática de la Universidad de La Laguna (ULL) María Isabel Navarro Segura ha determinado que la escultura es ilegal y que debe ser retirada del espacio público. El propio regidor alcalde afirmó que “aceptaría al pie de la letra” dichas conclusiones. Sin embargo, “sigue sin hacerlo”, exponen los socialistas.
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