fuerteventura

El PSOE no exige la dimisión del presidente del Cabildo de Fuerteventura, algo que sí hizo con el exalcalde de Arrecife

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta. DA
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta. DA
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta. DA

Silencio en torno a la intención de Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, por ser senador. Es la actitud que mantiene el PSOE, que sí exigió en su día la dimisión de José Montelongo, alcalde de Arrecife, tal y como recuerda Fuerteventura Ahora.

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), por los delitos de administración desleal e insolvencia punible durante su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa).

El Ministerio Fiscal pide para Acosta cuatro años y tres meses de prisión por presuntos delitos de administración desleal (un año y nueve meses de prisión) y de insolvencia punible (dos años y seis meses de cárcel) y el mismo periodo de inhabilitación para cargo público.

El socialista majorero fue administrador único de la empresa pública de Gestión Urbanística de Pájara, una empresa creada originariamente para la construcción de vivienda pública en el municipio, durante su etapa de concejal de Urbanismo en este ayuntamiento.

En el escrito, el fiscal Tomás Fernández solicita el juicio oral contra Blas Acosta y enumera una serie de irregularidades en 2012 que desencadenaron en una deuda cifrada en casi dos millones de euros tres años después en 2015, cuando cesó al frente de Gesturpa.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, publicado por Diario de Fuerteventura, Blas Acosta llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, el actual presidente del Cabildo majorero “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.

Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”.

TE RECOMENDAMOS