Con pancartas en las que se podían observar frases como “Seguimos en lucha” o “Ningún ser humano es ilegal”, ayer en los exteriores del campamento provisional para inmigrantes de Las Raíces (La Laguna) se concentraron cerca de 400 personas, entre usuarios del recurso e integrantes de la llamada Asamblea de apoyo a migrantes de Tenerife, en contra de la deportación prevista para el próximo día 24 de un grupo de ciudadanos senegaleses. Una convocatoria a la que se hizo amplia difusión en redes sociales, y que logró llegar a personas de una punta a la otra ya no de la Isla, sino del Archipiélago, que la compartieron en solidaridad con la situación de estas personas, quienes no dejaban de proclamar su intención de continuar hacia la Península o el continente europeo; lugares en los que, tal como confesaron, les esperan familiares o amigos, y donde confían en encontrar un trabajo para enviar dinero a sus allegados para que subsistan.
En este sentido, y como símbolo de esa necesidad de viajar más allá de Canarias para cumplir el sueño europeo, varios asistentes acudieron con aviones de papel reciclado a la manifestación, que tuvo lugar en el terreno de tierra frente al campamento en el que pernocta medio centenar de inmigrantes desde hace casi una semana. Un colectivo que, en señal de protesta por las condiciones en las que se encontraban en las carpas del complejo y por verse en un callejón sin salida, decidió quedarse a la intemperie, bajo el refugio de las donaciones desinteresadas de mantas, comida, ropa y enseres para la higiene personal que han ido recibiendo de la sociedad tinerfeña. “Queremos volar, por favor, por favor”, gritaban los participantes en el acto al tiempo que lanzaban sus figuras de papiroflexia al aire, y ante la atenta mirada de las fuerzas del orden, que cumplieron una función meramente testimonial, al tratarse de un evento pacífico.
Tiempo más tarde, cerca del mediodía, se procedió a la lectura de un manifiesto, traducido a castellano, inglés, francés y árabe a fin de que todos los presentes pudieran comprender la información que se transmitía. “Expresamos nuestro profundo rechazo a este racismo institucional y violación de derechos humanos en Canarias y nuestro apoyo a las personas que han decidido acampar fuera como señal de protesta”, comenzaban diciendo, para luego explicar que “los motivos que fuerzan a las personas migrantes a salir de su país ya suponen una práctica de racismo y barbarie”, y enumerar algunas de sus denuncias sobre el trato que reciben. Entre ellas, aludían a “las ilegalidades e irregularidades que impiden la continuación de su viaje cometidas a nivel institucional”, tanto por las Administraciones como por “la empresa que gestiona el recinto, Accem”, puesto que, a su juicio, “además de ejercer esta retención ilegal, en su encierro en las Islas no cumplen los mínimos para garantizar la salud, higiene, alimentación, asesoría, transparencia y traducción” requeridos.
Aparte, quisieron hacer referencia a los 50 inmigrantes del centro que aseguran ser menores de edad, “muchos de ellos con documentación que lo acredita” y que, hasta la fecha, al no habérseles reconocido su estatus, son “tratados como adultos”. Casos que recuerdan al de los 40 jóvenes alojados en un hotel de Fañabé, en el Sur, que hicieron huelga de hambre porque la Fiscalía no había tramitado aún su expediente. “A la llegada al campamento [personas migrantes] manifiestan que se ven obligadas a firmar unos documentos sin saber el contenido de los mismos por no saber el idioma”, señalaron, poniendo el acento en “la falta de transparencia y traductoras para que las personas internas sepan qué está ocurriendo de manera precisa”.
EN PRIMERA PERSONA
Matregeegueye es un joven senegales que lleva cinco meses en Canarias, y uno de los que se sumó ayer a las manifestaciones. Desde que arribó en cayuco a las Islas, no ha parado de ser trasladado de un enclave a otro, sin poder decidir por sí mismo. Y precisamente por esta razón denuncia lo que pasa en el campamento de Las Raíces, donde asegura que es difícil tener acceso a agua; para ducharse y para beber. “Les preguntas [a los trabajadores] y te dicen no, hoy no es posible”, declara refiriéndose al aseo, que se lleva a cabo en una veintena de baños instalados en el recinto, los cuales deben atender la demanda de los 600 usuarios actuales, con previsión de que esta cifra se multiplique incluso por cuatro a lo largo de las próximas semanas, cubriendo las 2.400 plazas que el Estado ha estipulado.
“Hay mucha gente. Demasiada”, admite, mientras relata que se distribuyen en las carpas a razón de 45 inmigrantes en cada una y las colas para comer son largas, como ya censuraron, antes que él, otros de sus compañeros. Preguntado sobre la cantidad de comida, que se ha puesto en entredicho, afirma que depende de la jornada, pero que en general es “poca” y “no buena”, a lo que habría que sumar las deficiencias en lo que a asistencia sanitaria se refiere. En esta línea, el subsahariano indica que “hay dos personas” para hacerse cargo de la atención que requieran los internos. Sin embargo, “hay mucha gente enferma” con distintas patologías, por lo que no se estaría, de acuerdo con su versión, pudiendo dar un buen servicio.
LA POLICÍA GARANTIZA QUE LOS INMIGRANTES TENGAN ATENCIÓN SANITARIA
Agentes de la Policía Local de Aguere, según ha podido saber esta redacción, han actuado como mediadores entre los responsables del campamento y los inmigrantes que hace seis días abandonaron el recurso, dado que algunos de estos últimos habían requerido atención médica y el personal de la entidad gestora, Accem, al no tratarse de personas que pernoctaran dentro del complejo, se la habrían negado. Ante esto, los efectivos del cuerpo policial lagunero, apelando a motivos humanitarios y de intentar mejorar la situación de estas personas en tránsito hacia la Península o el extranjero, lograron que se les diera la atención que necesitaban n
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