El deber de conservación de los inmuebles le corresponde a cada propietario. Sin embargo, hay puntos en Santa Cruz donde ese deber brilla por su ausencia, obligando a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que dirige Carlos Tarife, a intervenir mediante lo que se denominan las ejecuciones subsidiarias, es decir, el Ayuntamiento hace la obra y le pasa la factura a los propietarios. De esta forma, en 2020 se presupuestaron 17 de estas intervenciones en distintos puntos de Santa Cruz, por un valor cercano a los 400.000 euros.
El distrito Centro-Ifara, especialmente los inmuebles ubicados en el barrio de El Toscal y su entorno más cercano, así como en el Antiguo Santa Cruz, fue el que mayor número de actuaciones de este expediente tuvo. Nueve se concentran en el centro de la ciudad. La mayoría tienen que ver con la adopción de medidas de seguridad que evitan la caída de cascotes o el cerramiento de inmuebles para impedir que entren personas ajenas a la propiedad, con el consiguiente riesgo que conlleva. En la calle San Luis, en la de San Francisco o en la de Santo Domingo, son solo algunas de las vías en las que hay expedientes de ejecución subsidiaria y que se localizan en El Toscal o en su entorno más inmediato.
El dinero que le cuesta al Ayuntamiento cada una de estas intervenciones va desde los 3.000 euros hasta los 165.000, cifra esta que se corresponde con el contrato de obras para la reforma y ampliación de remonta de planta en un inmueble sito en la calle Costa y Grijalba 29. Otra de las actuaciones más costosas es la de la demolición de dependencias ilegales construidas en la calle Pérez Soto de Ofra, cuyo presupuesto asciende a 67.677. Otros 18.000 euros cuesta el aseguramiento de un inmueble en la calle Santiago o los 19.000 para un edificio en mal estado en la calle Duggi, en el barrio del mismo nombre, también en el distrito Centro-fara.
En el barrio de María Jiménez, en Valleseco, pero también en Los Alisios o en la carretera de El Rosario, también hay expedientes que a afectan a inmuebles que se encuentran en mal estado de conservación, ante lo cual, y la falta de respuesta de sus propietario, se ve obligado a intervenir el Ayuntamiento. Todos estos expedientes, además de pasarles la factura a sus propietarios, también conllevan la imposición de multas por la falta de mantenimiento. La forma de cobrar estas intervenciones es acudiendo al registro de la propiedad e imponiendo sobre la finca en cuestión la deuda, si no se puede cobrar de forma directa a los propietarios.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas