El fantasma de Blas Acosta planea con sigilo sobre el Parlamento

Uno decide si escuchar o no las señales de estupor, pero el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres defendió ayer, en el patio del Parlamento, el nombramiento del expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, imputado en dos casos de presunta corrupción, como próximo viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, asegurando que aporta “experiencia” al Ejecutivos, tras años de gestión política, y que “no le cabe ninguna duda” de que cumplirá con el código ético del PSOE, que exige a sus militantes la dimisión de sus cargos cuando se les abre juicio oral. Sí Se Puede, socio electoral de Podemos y partido al que pertenece el diputado Francisco Déniz, considera “inaceptable” el nombramiento y lo califica como “un cambalache más de aquella vieja política que ha sido señalada por la ciudadanía como un objetivo a superar y a la que no está dando una respuesta positiva la práctica real del ejercicio del poder por parte del gobierno que ha desplazado a CC de las instituciones autonómicas”.

A cambio de calmar las aguas del socialismo canario, inquietas en las últimas semanas por la elección del candidato a senador por designación autonómica, una disputa que se dirimía entre Acosta y el lagunero Santiago Pérez, Torres desgasta su imagen y las esperanzas de regeneración democrática con las que muchos recibieron la llegada del Gobierno de la izquierda. Y da argumentos a lo oposición, como evidenciaron ayer las críticas de la portavoz de Cs, Vidina Espino. “Le ha dado estabilidad laboral [a Acosta], y estando investigado por la justicia, qué suerte tener a mano el carné del PSOE para cuando uno se queda sin trabajo. Es indecente e inaceptable que use el Gobierno como agencia de colocación”, afirmó. La diputada de CC, Cristina Valido, le afeó a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, el nombramiento de Acosta, que exigirá el cese previo de la actual viceconsejera, Almudena Estévez, anunciado en pleno 8M, Día Internacional de la Mujer, aunque el presidente anunció que seguiría trabajando en el Gobierno.

Ahora habrá que ver si Acosta dimite en caso de que se le abra juicio oral en estricta observancia del código ético, o si ocurre como en el caso de otros cargos del partido, como Fidela Velázquez, que estuvo desempeñando su puesto de alcaldesa de San Juan de La Rambla hasta que fue definitivamente condenada a 8 años de inhabilitación y dimitió. Ni Nueva Canarias ni la Agrupación Socialista Gomera dijeron ayer nada oficialmente sobre el tema. Noemí Santana, a la que la oposición intentó incomodar afirmando que tiene poco peso en en Gobierno, afirmó que ya se pronunciaría.

Mientras se dirimían las incoherencias existenciales del PSOE y el Gobierno, Torres respondía en el Pleno sobre varios asuntos. A Vidina Espino, que le interrogaba sobre la Oferta Pública de Empleo de Sanidad para 2018, anulada por el TSJC, Torres le respondió que es “optimista” con la estrategia jurídica que tiene en marcha el Gobierno para revocar la situación, algo que podría llegar hasta el Supremo.

Torres también habló de economía, sobre la que tuvo que escuchar varios reproches. Pablo Rodríguez, de CC, le recordó las empresas y los autónomos “que no han podido aguantar ni esperar por ayudas”. Y Australia Navarro, del PP, le dijo que solo nueve mil familias canarias han obtenido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de las 90.000 solicitudes presentadas al Gobierno central. “U n gran fiasco”. Y afirmó que las ayudas que prepara el Gobierno para pymes y autónomos no llegarán a la mayoría de las empresas que las necesitan. Torres respondió que “es demagogia afirmar que una Administración puede recuperar lo que se ha llevado la pandemia”. Y que, con esas ayudas “paliamos” una situación que es muy dura. “No estamos satisfechos”, le dijo a Navarro, al mismo tiempo que le recordó que, a las 9.000 familias con el IMV , hay que añadir las más de 7.000 con la Prestación Canaria de Inserción.

El tema migratorio se volvió a colar en el Pleno. Y el Gobierno ha encontrado un nuevo elemento argumental después de descubrir el discurso que dio hace quince años el expresidente Adán Martín ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, como hizo Torres mismo hace unos días, pidiendo cosas muy similares. Según el presidente, los problemas son básicamente los mismos. Y eso demuestra lo poco que hemos avanzado en esta materia migratoria. Aunque destacó que la comisaria de Interior, Ylva Johanson, se ha comprometido a un mecanismo de “solidaridad obligatoria” para distribuir a los migrantes en la UE en el futuro acuerdo europeo sobre migraciones y asilo, algo para lo que queda una dura negociación por delante entre los Estados miembros. Esa solidaridad vinculante también la destacó el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ante una pregunta de Astrid Pérez, del PP, que se limitó a repetir el soniquete, esta vez por videoconferencia, de que el Gobierno canario se pliega ante Sánchez en el tema migratorio.

Por la tarde, tocó hablar de las inmatriculaciones de la Iglesia católica, inscripciones en el registro de propiedades sin antecedente alguno- un tema que trajo el diputado de Podemos Manuel Marrero. Según Marrero, entre 1998 -año en el que Aznar volvió a facilitarlas- y 2015, que hubo una reforma legal, la Iglesia inmatriculó 532 bienes en Canarias, 407 sin una certificación adecuada que las avalara. El consejero Pérez propuso que el Ejecutivo autónomo ayude a los particulares e instituciones que podrían haber sido perjudicados por las inmatriculaciones de bienes inmuebles hechas por la Iglesia Católica.

Mientras el debate transcurría en el Parlamento, es posible que Blas Acosta estuviera pensando en la estrategia de Viceconsejería para cambiar la matriz productiva de Canarias.