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El presidente que apeló a la resistencia para mantener prietas las filas

Cuando uno va a darse un chapuzón al sur de Tenerife y ve la cantidad de hoteles y negocios cerrados que hay, se pregunta cómo es posible que el tinglado siga en pie. Con una caída del 20% del PIB canario en 2020 -Cuba perdió el 35% en dos años cuando colapsó la URSS-, lo excepcional no es que la pobreza haya aumentado, lo raro es que no haya aumentado más todavía. Podemos buscar la explicación en la liquidez sin límites del Banco Central Europeo, las ayudas del Estado o los fondos de la U.E. Pero la sensación de excepcionalidad es tan brutal que cualquier cosa que funcione es bien recibida. Y lo que falla puede explicarse sin demasiados problemas acudiendo a la crisis histórica que vivimos. Aunque no siempre sea cierto.

En este contexto, no es extraño que el presidente, Ángel Víctor Torres, haya planteado su primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad en términos churchillianos, como un Gobierno de “resistencia”, en plena guerra contra el COVID, que hace todo lo posible por “paliar” -un verbo muy repetido por Torres-, las nefastas consecuencias de la pandemia. Las circunstancias son horribles, reconoce Torres, pero Canarias ha manejado mejor la pandemia que otras comunidades españolas. La pobreza crece, no lo niega en absoluto, pero aumenta la cobertura social de la PCI o el Ingreso Mínimo Vital. La economía se desploma, por supuesto, pero los servicios públicos aumentan su personal y las ayudas directas a las empresas, aunque insuficientes y tardías, comienzan a llegar.

Esa reforzada épica de guerra con la que ha planteado el debate el presidente, creo que con bastante éxito, no es una falacia absoluta. Solo hay que asomarse al mundo para ver cómo anda todo de revuelto y sentirse uno agradecido, cual cristiano penitente, de que no se le hunda el suelo. Pero sirve también para esconder errores evitables de gestión y cafradas incomprensibles, como querer nombrar a Blas Acosta como viceconsejero de Economía, nada más y nada menos, un señor imputado por dos casos de corrupción que entra al Gobierno para solucionar un problema del PSOE.

En su ayuda, el Ejecutivo canario cuenta con una oposición lastrada. En CC, por 26 años de poder y un discurso burocratizado de apelaciones recurrentes a Madrid que solo se sustancia en decir que ellos saben gestionar mejor. Algo que el Gobierno contrarresta fácilmente recordando algunos indicadores socioeconómicos del último Ejecutivo de CC, en una época de crecimiento económico. Los nacionalistas presentan listas de medidas concretas, sí, pero carecen de una identidad política sólida en plena era de guerras culturales. Nacieron en el Gobierno, y fuera del Gobierno tendrán que contarnos qué son. Luego está el PP, sin perfil propio, atrapado entre su seguidismo de CC y esos aspavientos discursivos de Australia Navarro, tan hiperbólica para un parlamento calmado como el canario. Y, por último, Ciudadanos, que busca su espacio, pero que está condicionado en toda España por una crisis existencial a nivel orgánico de consecuencias imprevisibles.

Quizá finjan muy bien, pero la cosa parece sólida en el Pacto de Progreso, como se reflejó ayer durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, todos defendiendo al Gobierno, pero cada uno intentando buscar su espacio: Nueva Canarias, reivindicando su papel en las exigencias al Estado y sobredimensionando el valor que su escaño en el Congreso tiene para la mayoría de Pedro Sánchez. Sí Podemos Canarias, defendiendo su labor de socio “serio” y el desempeño de la Consejería de Derechos Sociales, tan cuestionada por la oposición. Y Casimiro Curbelo, convertido en defensor a ultranza de la diversificación económica y el modelo sostenible de desarrollo. Habrá que ver si eso implica mandar a la trituradora el Puerto de Fonsalía.

Si Torres tiene razón y las cosas andan mejor el año que viene gracias a la vacunación, también será mayor el nivel de exigencia. Y menores las posibilidades de sacudirse las culpas. Con la economía creciendo y todos esos fondos europeos, el Gobierno habrá de demostrar si sabe o no modernizar la economía, si optan por el sector público o las alianzas público-privadas para gestionar las energías renovables o si lo deja todo en manos de las grandes eléctricas, si consiguen empezar a erradicar o no las condiciones que producen la brutal pobreza estructural de las Islas. Si mejoran o no los servicios públicos y las condiciones de su trabajadores. De ese anhelo de transformación dicen que nació el Pacto de la Flores. Habrá que ver en qué queda.

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