Con posterioridad a la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del 12 de febrero sobre el nuevo deslinde que teóricamente afectaría al hotel La Tejita, la empresa Viqueira, que promueve el polémico hotel de cinco estrellas, ha anunciado que reanudará las obras en breve y con el mismo proyecto.
Un anuncio que ha cogido por sorpresa al colectivo Salvar La Tejita, según explicó a este periódico Daniel Duque, que se mostró extrañado, porque “no entendemos cómo pueden reanudar las obras cuando todavía está sin resolver nuestro recurso”, calificando de “amenaza” el comunicado, cuando “la causa sigue abierta y hasta el propio consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha dicho que hay que cumplir la Ley”. Además, el representante del colectivo que se opone a la construcción del hotel advirtió que “no vamos a quedarnos quietos”.
Lo cierto es que, casi un año después de la paralización de las obras (22 de junio de 2020), el grupo Viqueira manifiesta de manera rotunda que “continuaremos adelante con el mismo proyecto aprobado en su día por todas las administraciones”, entendiendo que no le afecta el nuevo deslinde (20 metros), anunciando que retomarán las obras, para las que piden, incluso, protección policial.
Recuerda la empresa gallega que obtuvo licencia urbanística para el proyecto básico de construcción el 19 de septiembre de 2017 y la autorización del proyecto de ejecución el 21 de diciembre de 2018, esto es, antes de la iniciación del procedimiento de revisión del deslinde, que tuvo lugar el 29 de enero de 2019 y que, para el otorgamiento de la licencia, se verificó el ajuste del proyecto al “Plan General de Granadilla de Abona y Plan Insular de Ordenación del Territorio y cuenta con la autorización del viceconsejero de Política Territorial para la construcción del hotel, que verificó que la edificación hotelera se ubica fuera de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Esta autorización fue otorgada previo informe favorable del Servicio Provincial de Costas, que indicó que el deslinde aplicable era el aprobado en el año 2002 y que la anchura de la servidumbre de protección es de 20 metros, dando el visto bueno al proyecto del hotel, levantando el Servicio Provincial de Costas el acta de replanteo del deslinde marítimo-terrestre sobre el terreno el 22 de junio de 2018, y de acuerdo a ese replanteó se comenzaron a ejecutar las obras”.
Igualmente, añaden que “una vez iniciada la obra, con fecha 29 de enero de 2019, el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife acordó incoar un expediente de revisión del deslinde, en el tramo de la costa en la que se autorizó el hotel como consecuencia de la petición realizada por una serie de asociaciones que se dicen ecologistas que se oponen a la ejecución del hotel, establecimiento que, insistimos, cuenta con todas las licencias y autorizaciones preceptivas a desarrollar sobre una parcela de uso hotelero”, señala.
“Asimismo, bajo coacciones y amenazas –como la ocupación ilegal de nuestra parcela para acceder a las grúas y forzar la paralización de las obras– lograron que, con fecha 22 de junio de 2020, la Dirección General de la Costa y del Mar cediera a sus presiones y acordase la medida cautelar de paralización de las obras afectadas por el expediente de revisión del deslinde que se encontraba en tramitación. En este escenario, el 12 de febrero de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar resolvió el expediente de revisión del deslinde tramitado”, indica.
Según la promotora del hotel, “esa resolución del expediente de revisión del deslinde determina que la medida cautelar provisional adoptada por resolución de 22 de junio de 2020 haya quedado sin efecto, pudiendo esta parte reiniciar las obras del hotel, sin que la revisión aprobada afecte en modo alguno al proyecto, puesto que las autorizaciones y licencias preceptivas fueron obtenidas con carácter previo a su incoación, al amparo del deslinde vigente desde el año 2002”.
La constructora gallega manifiesta, así, su firme propósito de ejecutar el proyecto del hotel, que se ajusta estrictamente a toda la normativa que resulta de aplicación, pidiendo además que “las administraciones afectadas deben, por lo tanto, proteger y garantizar la integridad y la seguridad de las personas que ejecutarán las obras y la posibilidad misma de que estas se desarrollen sin ninguna incidencia, incluso con el amparo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
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