Después de cumplirse un año de volver a la vida, Miriam Cabrera, la mujer que se hizo la muerta después de que su expareja la apuñalara varias veces para poder salvar a su hijo que estaba camino a casa del colegio, lucha por “sobrevivir a la administración” -dice- que desde entonces, solo le ha puesto obstáculos para otorgarle las ayudas que le corresponden como víctima de violencia de género y declararle la incapacidad.
Fue el 11 de marzo cuando Miriam logró salir de su piso, en Icod de los Vinos, arrastrándose a la calle, con una parte de los intestinos en la mano. Fueron unos operarios del servicio de limpieza viaria quienes inmediatamente llamaron a la ambulancia, la Policía Local y la Guardia Civil para que la atendieran.
Su caso es más que conocido pero vale la pena recordarlo para demostrar todas las dificultades administrativas que encuentra a su paso pese que resistió cuatro semanas en coma, pasó por dos operaciones y un cateterismo, y le tuvieron que reconstruir los intestinos, coser el cuello, el hígado, el bazo y el duodeno.
Un año después, todavía no le han otorgado la discapacidad, pese a que la resulta imposible trabajar porque los dolores son insoportables.
La solicitó en una ocasión y se la denegaron argumentando que “presentaba trastorno de la afectividad, adaptativo y de etiología ideopática” (significa que no se sabe el porqué de su sintomatología) y solo le han dado un grado el 15%, que la habilita para volver al mundo laboral.
Presentó un recurso a la valoración del tribunal médico del equipo del Centro de Valoración de la Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife y la respuesta, recibida el 12 de abril y de la misma profesional, fue similar, que solo tiene un trastorno adaptativo y otro de afectividad, sin causa conocida.
Lo único que reconocen a nivel físico son unas cicatrices, pese a que ni siquiera la citaron personalmente, y por lo tanto, no la vio ningún facultativo. “Ni mencionan que son cicatrices quirúrgicas, donde hay una lesión debajo, porque no es lo mismo la de un arañazo”, aclara.
Cansada de las trabas burocráticas, Miriam ha decidido que comenzará el camino por la vía judicial. Sabe que es lento y costoso, pero no declina a hacerlo por su hijo. Tampoco a que le otorguen las ayudas que le corresponden como víctima de violencia de género ya que no puede trabajar por las secuelas que le ha dejado la agresión y no percibe ingresos por el alquiler que tenía de dos viviendas como consecuencia de la Covid-19.
El Instituto Canario de la Mujer resolvió hace un par de semanas que tiene derecho a un pago único de 5.400 euros “por el año que ha pasado desde que la solicité” pero no le corresponde nada más “y a día de hoy ni siquiera se lo han ingresado, por lo tanto, no hay prisa”, ironiza.
El Diputado del Común también se interesó por su caso. En concreto, desde el área de la Mujer, solicitó en enero al tribunal médico algún informe que demuestre en qué se basa para decir que no tiene ninguna discapacidad y todavía sigue esperando. Pero las buenas intenciones se han quedado en ese paso, ya que su expediente del tribunal médico está cerrado desde el 22 de marzo y notificado el 12 de este mes, “y ni siquiera lo sabían”.
Miriam ha solicitado ya un abogado de oficio, un paso que sabe que puede tardar entre uno y tres meses. Después hay que empezar a pelear para presentar un recurso por la vía judicial e iniciar un nuevo proceso, pero no se va a dejar vencer porque cree que su lucha es más que justa. “Un juzgado no es la administración, es un órgano completamente independiente y se supone, que es imparcial”. Al menos en los libros que ella estudia en segundo de Derecho.
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