
Una vergüenza. Esa es la primera palabra que pronuncia la mayoría de padres y madres de los alumnos que cursan sus estudios en el IES Guaza, popularmente conocido como el instituto de los barracones, en el municipio de Arona, al ser el único centro construido con módulos prefabricados que permanece abierto en Tenerife. El estado de las instalaciones, que se inauguraron en 2002 como una solución provisional para afrontar la grave carencia de plazas escolares en la comarca sur, ha generado numerosas protestas y movilizaciones en los últimos años por parte de alumnos, padres, madres y profesores, hartos de los “barracones tercermundistas” y de promesas incumplidas.
El suelo se mueve al caminar, las paredes vibran, cuando llueve el agua se filtra a las aulas y obliga a suspender las clases, las tuberías de los baños se revientan con frecuencia, se han caído lámparas y cuando sopla el viento con fuerza las chapas de los techos han llegado a despegarse con el consiguiente riesgo para la integridad de alumnos, profesores y empleados. Ese es el panorama que describen los estudiantes que acuden diariamente a este recinto de ‘contenedores’ ubicado junto a la autopista del Sur y que en la recta final de curso, coincidiendo con la proximidad del verano, respiran a golpe de aire acondicionado en las aulas mientras soportan el sol y un calor asfixiante en las zonas comunes. “Cuando hace calor es un invernadero y cuando hace frío es un congelador”, resume una profesora.
Los representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos trasladaron recientemente las deficientes condiciones en las que estudian sus hijos al diputado del Común, pero, sobre todo, el retraso de la obra del centro educativo que debe sustituir al edificio de chapas y que se construye en Cho-Parque La Reina, a apenas un kilómetro de distancia. Llevan más de 10 años de lucha y se sienten “desamparados, impotentes y abandonados”, aseguran.
El edificio debería haberse finalizado en enero de 2020 y actualmente no se ha ejecutado ni el 50% de la obra por parte de la empresa adjudicataria, Proyecon Galicia S.A, que tras ganar el concurso con una oferta económica un 31% inferior a la cantidad establecida en los pliegos (5.885.885 euros frente a los 8.567.375 euros, sin IGIC, que figuraban en las bases del concurso) planteó hace dos años una modificación del proyecto y una revisión al alza del presupuesto para continuar con los trabajos.

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, visitó la obra el 27 de diciembre de 2019, acompañado por el alcalde de Arona, José Julián Mena. Frente a un edificio sin obreros ni máquinas (la obra ya estaba parada) el jefe del Ejecutivo se mostró entonces favorable a llegar a un “acuerdo amistoso” con la constructora para que se retomaran las obras y pudieran terminarse “dentro del año 2020”, aunque también advirtió a la empresa de que, en caso de no alcanzarse ese acuerdo, se tomarían las “decisiones oportunas”. Padres y madres le pidieron durante la visita la “máxima agilidad administrativa” para desbloquear la situación.
La situación del IES Guaza y de las obras del nuevo centro que se construye en Cho- Parque La Reina llegó esta semana al Parlamento de Canarias, donde la consejera de Educación, Manuela Armas, reconoció que “estamos en el momento clave” para despejar las dudas sobre la culminación de la obra. “El último modificado se lo mandamos a la empresa esta semana para que le den el visto bueno, si se lo quieren dar. Si es así, nos han dicho que la obra se terminaría en enero o febrero del próximo año, pero si no lo aceptan tendremos que sacarla a licitación y los plazos se van a alargar mucho más. No podemos hacer otra cosa”, manifestó Armas, que llegó a confesar ante la Cámara que “hay dos cosas que me quitan el sueño: la salud de mis nietos y las obras pendientes, y les aseguro que el primer lugar de esa lista lo ocupa Guaza”.
La diputada socialista Yolanda Mendoza, exalumna del instituto de los barracones, recordó que el centro acoge actualmente a 550 estudiantes (200 más de la capacidad tope establecida cuando abrió sus puertas). “La pobreza de la infraestructura educativa que presenta Guaza responde a la dejadez y desidia que durante muchísimos años ha venido sufriendo el sur de Tenerife”, manifestó en su intervención.
La parlamentaria Rosa Dávila (CC) reprochó a la consejera su “falta de información” con las familias y la invitó a visitar los barracones, donde “las condiciones son inhumanas”, dijo. Además, advirtió que el próximo año “habrá más masificación y que el bachillerato se estudiará por la tarde, lo que calificó de “desastroso”. Luz Reverón (PP) leyó durante su intervención una carta escrita por una alumna en la que enumeraba las deficiencias de las instalaciones e hizo un “ruego” de Manuela Armas: “Me gustaría que vaya a ver al alumnado, les mire a la cara y les diga cuándo por fin van a tener ese nuevo centro”. Vidina Espino (Cs) se refirió a la situación de “insostenible”, aunque recordó que no se trata de un hecho aislado en el Archipiélago.
irresponsabilidad
Francisco Déniz (Podemos) reprochó a CC su “falta de autocrítica” al recordar que el instituto lleva 20 años abierto. “Las exigencias que está planteando la Consejería a esta empresa son justas, y si no las aceptan habrá que pleitear”. El parlamentario de la formación morada repartió sus críticas en dos direcciones. “Estamos ante una situación de franca irresponsabilidad por parte de la empresa y de quienes gobernaban, licitaron y permitieron este desaguisado”.
Por su parte, Carmen Hernández (Nueva Canarias) señaló que “la ley debería promover o facilitar acciones para evitar que por el interés del empresario, por mucho que haya ganado un concurso, se esté lesionando los intereses de cientos de alumnos y sus familias”. Por último, Melodie Mendoza (ASG) expresó su “preocupación” y confió en que las obras “se reanuden cuanto antes y las demandas de la comunidad educativa sean una realidad a corto plazo”.
Pero madres y padres están “cansados de excusas” y de que “se pasen la pelota unos a otros”. “Ni sabemos ni nos interesa quién tiene o no tiene la razón, pero, por favor, esto es ya una tomadura de pelo, queremos una solución ya”, manifestó una portavoz del AMPA a este periódico. No quieren ver a sus hijos otro curso más entre barracones mientras el edificio nuevo, a medio construir, “se muere de risa”. La posibilidad de un litigio aterra a padres y madres, conscientes de que retrasaría considerablemente la terminación de la obra. La última palabra la tienen el Gobierno de Canarias y Proyecon Galicia, una constructora que, según la consejera de Educación, “tiene más abogados que arquitectos”.